El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo en cadena nacional que el salario mínimo integral será de 200.000 bolívares a partir del primero de este 1 de mayo. El sueldo base pasó de 40.638 bolívares a 65.021 y el bono de alimentación, de 108.000 a 135.000 bolívares.

El mandatario expresó que esto representa un incremento de 60% y que esta es el tercer aumento que el gobierno nacional hace en lo que va de 2017. “Al día de hoy la revolución ha dado 36 incrementos salariales integrales”, dijo.

El bono de alimentación, que pasó de 12 a 15 Unidades Tributarias, ahora podrá ser pagado inclusive en efectivo y no solo con las tarjetas de alimentación. “Ahora podrá ser depositado en bolívares para que nadie les robe sus cestatickets, que nadie les cobre 15 o 20%”, indicó.

Para los pensionados también hubo noticias. Aquellos que reciben este beneficio  y los  jubilados recibirán ahora un “bono especial de guerra económica” de 19.506,4 bolívares, que representa 30% más del salario. En total, los pensionados tendrán un sueldo de 84.527,4 bolívares.

El diputado a la Asamblea Nacional y experto economista, José Guerra, explicó en sus redes sociales que esto no significa un aumento real. “No hay ni ningún aumento salarial. ¿Por qué? Por que el 60% otorgado está por debajo de inflación de 65% hasta marzo”, dijo.

Las autoridades de Fedecámaras también se expresaron en rechazo al aumento: ” Cualquier medida d incremento salarial debería contar previamente con un análisis sobre los condicionantes básicos del proceso inflacionario”, indicaron.

 

Un nuevo capítulo de protestas contra gobierno en Venezuela llega al mes. Desde el 1 de abril la oposición venezolana se ha mantenido en las calles nuevamente en exigencia de un cambio en el país, que ya suma 19 años bajo la dirección del régimen bolivariano, lo que alguna vez el presidente fallecido Hugo Chávez denominara “el socialismo del siglo XXI”.

En las vías de la capital se atisban las marcas de las más de 10 manifestaciones convocadas por la oposición que han congregado a miles de personas. En el cemento de grandes avenidas se lee “Maduro dictador”. Vidrieras fragmentadas se ven en algunos locales comerciales, producto de la represión de las fuerzas del Estado, la misma que dejó un saldo de 26 muertos, 4 de ellos menores de edad.

Dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (155 y 156) dinamitaron el disgusto social, que rememora las protestas que en 2014 dejaron 46 fallecidos. Entre las medidas que tomó el Poder Judicial en marzo estaba la apropiación de las competencias del parlamento venezolano. Y, aunque se retractaron en este punto con dos sentencias nuevas (157 y 158), la chispa estaba encendida.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, reapareció esta semana en el panorama, luego de que en marzo fuera la única figura pública afecta al chavismo que señalara que el TSJ había roto el hilo constitucional. En el mismo tono mediador, poco usual, el 25 de abril dio números escandalosos acerca de las manifestaciones: 437 personas han sido heridas, 1.289 detenidas y un total de 65 encarcelamientos.

El Foro Penal venezolano ha registrado, en cambio, 1.426 arrestos y 59 encarcelamientos. Lo que dispara la cifra de presos políticos por encima de los 170.

El bloque de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, insiste en que “el TSJ sigue con su golpe de Estado continuado” y quiere “confiscar las elecciones en el país”. No solo las regionales, que debían realizarse el 16 de diciembre de 2016, sino las sindicales y de las autoridades universitarias.

La MUD también ha solicitado, desde el inicio de un fallido diálogo en 2016, que se adelanten los comicios presidenciales que corresponden a 2019.

Entre las exigencias de la Unidad, están la realización de elecciones libres y democráticas, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y la restitución del hilo constitucional, que comprende la devolución de los poderes de la Asamblea y la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional que engendró las sentencias del TSJ.

Un giro al discurso de violencia

La ola de protestas ha puesto en jaque algunos de los hitos que han marcado las acciones de la oposición. Aparte de las sorpresivas declaraciones de la fiscal general, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, ha driblado todo intento de la disidencia porque se pronuncie en contra de la represión. En su lugar, ha sido su hijo, Yibram Saab el que en un video ha dejado claro que existe una ruptura del orden constitucional en el país y pide a su progenitor que reflexione.

A esto se suma que “La marcha del silencio” del pasado 22 de abril haya llegado hasta el oeste de la capital, atravesando todo el municipio Libertador, sin inconvenientes y dejando en contradicho el discurso de violencia del gobierno había dicho que se podía generar. En esta zona –liderado por el alcalde chavista Jorge Rodríguez–  siempre se les había vetado el paso a los opositores. Incluso quienes antes habían sido chavistas, se les unieron.

“La violencia se genera siempre a partir de las órdenes del gobierno. Cuando nadie ordena a los guardias reprimir, no hay violencia”, decía el gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles.

Músicos con cuatro tocando por la paz; un joven que se sube desnudo a una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana con una biblia en la mano; una monja que le tiende una mano a un militar; diputados que cierran en un acto simbólico la Defensoría Pública con cintas de “prohibido el paso” y “cerrado”. Son algunas de las imágenes que refuerzan el tinte figurativo de esta nueva serie de manifestaciones.

Gracias a estas, Maduro por primera vez, luego de un año, se atrevió a hablar de la posibilidad de elecciones, y la comunidad internacional ha ejercido cada vez más presión para que se restablezca la democracia.

“Se trata de una lucha en resistencia”, sostienen los parlamentarios que encabezan las convocatorias.

A esa resistencia aún le queda por superar, en primera instancia, las trabas que el Poder Electoral ha impuesto: líderes opositores presos (Leopoldo López de Voluntad Popular, y Antonio Ledezma, alcalde Metropolitano de Caracas); líderes con orden de aprehensión (María Corina Machado de Vente Venezuela); y líderes inhabilitados (Henrique Capriles de Primero Justicia); además de que la validación de partidos finaliza en junio.

El número 2 del gobierno, Diosdado Cabello, fue muy claro el 24 de abril: “Que llamen a elecciones, igual no tienen partido político”.

Por el momento, la oposición marchará nuevamente este 1 de mayo en una convocatoria conjunta con los sindicatos de trabajadores del país.

Con oraciones, velas y flores el Movimiento Estudiantil se congregó ayer en la plaza Bolívar de Chacao en una vigilia que comenzó a las 7:00 de la noche para rendir homenaje a las personas que han fallecido en manos de las fuerzas de seguridad en las recientes protestas opositoras en Venezuela.

La muerte del joven de 20 años de edad, Juan Pablo Pernalete, quien fue víctima del golpe de una bomba lacrimógena en el pecho, fue el epicentro de esta manifestación a la que también asistieron miembros de la sociedad civil, artistas y dirigentes políticos.

Los manifestantes se movilizaron inicialmente desde la plaza Francia de Altamira hasta la plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, donde además organizaron clases magistrales.

Daniel Ascanio, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, envió un mensaje a las autoridades, a quienes dijo que “mientras más nos quieran callar, más serán nuestras ganas de alzar la voz, pues nuestra lucha no es por tumbar el gobierno de Maduro,es por una Venezuela de oportunidades”.

A esto, Rafaela Requesens, presidente de la Federacion de Centros Universitarios, agregó que “la protesta es de resistencia” y que lo estudiantes seguirán en las calles.

Los parlamentarios de la Asamblea Nacional se unieron  esta convocatoria. En un tono fuerte, el diputado Miguel Pizarro aseguró que el culpable de la muerte de Pernalete y otros jóvenes asesinados por al represión de las fuerzas del Estado, “van a pagar” y a la fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, le advirtió: “señora Fiscal no permita que sigan ensuciando la investigación”.

Ortega Díaz señaló esta semana que estaban apenas empezando las investigaciones de las muertes durante las protestas que iniciaron a principios de abril. Sin embargo, horas más tarde, el gobierno afirmó que Pernalete no había muerto por impacto de una bomba lacrimógena y asomó la posibilidad de que le hayan disparado con una pistola de perno cautivo, accionada por otros manifestantes. Tesis que fue totalmente rechazada por la oposición.

En la vigilia también participaron el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski; el diputado Ángel Medina; y la animadora Caterina Valentino, quien dijo: “A estos muchachos no los podemos dejar solos”.

El Movimiento Estudiantil ha afirmado que en los próximos días continuará con una agenda de protestas en contra del gobierno venezolano.

El bloque de la Mesa de la Unidad Democrática reiteró hoy el llamado a manifestarse este lunes 1 de mayo, con motivo del día del trabajador, y explicó que en Caracas los ciudadanos caminarán en dos marchas simultaneas.

La primera de ellas saldrá desde la avenida Victoria, en Las Acacias, y la segunda desde la avenida Francisco de Miranda a la altura de Altamira, con el objetivo de llegar al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, señaló que la convocatoria se realiza a nivel nacional, con la participación activa de grupos de trabajadores sindicales.

“Que el primero de mayo sea el testimonio de una población que se niega a rendirse”, dijo el dirigente de Voluntad Popular. “Han escogido un día histórico para marchar, para exigir elecciones y que termine el golpe de Estado”, agregó.

 

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha abanderado el tema de la crisis venezolana a nivel internacional desde que inició su cargo en el organismo, reiteró su llamado a liberar a los presos políticos, especialmente el del líder opositor Leopoldo López, en vísperas de su cumpleaños número 46.

Figuras públicas de la política venezolana aprovecharon la ocasión para enviar mensajes de apoyo y solidaridad al dirigente del partido Voluntad Popular (oposición) que se encuentra detenido en la cárcel de Ramo Verde, un centro de detención militar en las afueras de Caracas, desde el 18 de febrero de 2014, por liderar una serie de protestas contra gobierno que la tolda naranja denominó “La salida”.

Entre los dirigentes de oposición que se sumaron a esta iniciativa está Henrique Capriles, de Primero Justicia, y diputados como Richard Blanco y Manuela Bolívar.

A un día del cumpleaños de López, la Mesa de la Unidad Democrática realizó ayer una serie de concentraciones en las afueras de varias cárceles del país para exigir al gobierno nacional y a las fuerzas de seguridad,  la liberación de los presos políticos y el fin de las detenciones arbitrarias. Además, los parlamentarios de la oposición llevaron a cabo una sesión especial con este motivo en la entrada de la prisión de Ramo Verde, que fue cercada por contingentes de la Guardia Nacional Bolivariana.

https://twitter.com/manuelabolivar

La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortó este viernes al gobierno de Venezuela a “facilitar las protestas pacíficas e investigar debidamente la muerte de al menos 29 personas en las manifestaciones recientes”.

Los expertos en Derechos Humanos aseguraron en un comunicado “estar seriamente preocupados por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas, así como por las detenciones arbitrarias y las muertes. Tales actos constituirían graves violaciones de los derechos a la vida (…) Cientos de personas también han resultado heridas y 1200 han sido arrestadas en las protestas que comenzaron en 2015 en el contexto de la inestabilidad económica y social”.

Los miembros de la ONU también hicieron un llamado de atención ante el conocido “Plan Zamora”, y explicaron que “la respuesta cada vez más militarizada es contraproducente porque sólo aumenta las tensiones y aumenta el riesgo de lesiones y muerte. Las manifestaciones pacíficas deben ser facilitadas, no tratadas como una amenaza inherente a la seguridad”.

“Las manifestaciones deberían ser manejadas normalmente sin recurrir a la fuerza. Cualquier uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario y proporcional a una amenaza específica. Las manifestaciones pacíficas, en sí mismas, no son una amenaza. Institucionalizar el uso de una respuesta militarizada sugiere que el Gobierno piensa lo contrario”, reza el comunicado.

La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló también que “los grupos paramilitares también han hecho uso de la fuerza para suprimir las manifestaciones, uniéndose ocasionalmente a las autoridades uniformadas”.

“El Gobierno venezolano tiene la obligación de investigar estos asesinatos y de llevar a los responsables ante la justicia”, dijeron los expertos.

“Y si los grupos paramilitares cooperan efectivamente con agentes del Estado, entonces el Gobierno tiene también la obligación de llevar esos actores estatales ante la justicia”, agregaron.

Oriette Ledezma, hija del mandatario capitalino Antonio Ledezma, pronto a cumplir 800 días preso por el gobierno nacional, expresó que “Maduro es el gran cancerbero de Venezuela, por eso quiere convertir al país en Ramo Verde”.

Desde la cárcel militar, Oriette Ledezma destacó que el ocupante de Miraflores “se imagina a los venezolanos sometidos a sus delirios y caprichos, confinados al destierro como esta hoy Leopoldo López, preso de conciencia, a quien venimos a darle nuestra palabra de aliento a fin de que resista como lo ha hecho para orgullo y razón moral de lucha  de todos los que aspiramos salir de esta locura este mismo año, porque Maduro es una catástrofe para Venezuela en el gobierno”.

La hija del mandatario capitalino, quien se solidarizó con los familiares de las personas fallecidas en las protestas, reiteró que los venezolanos seguirán adelante hasta alcanzar la libertad del país y de todos los presos políticos.

Oriette Ledezma participó en la actividad convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en compañía de la  alcaldesa encargada Helen Fernández, líderes de Alianza Bravo Pueblo, como Richard Blanco, Rosaura Sanz, Edwin Luzardo, Héctor Arguyes, Carlos Blanco y los venezolanos que marcharon por los Altos Mirandinos hasta Ramo Verde.

Nota de El Nacional

El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, cumple este sábado 46 de años de edad. El líder político tiene al menos un mes aislado e incomunicado en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, según denunció su esposa la activista de derechos humanos Lilian Tintori.

López se encuentra detenido desde el 18 de febrero de 2014 luego de que se entregara voluntariamente a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante una manifestación opositora.

El 12 de febrero del citado año se emitió una orden de arresto en contra del dirigente de la tolda naranja bajo los cargos de instigación a cometer crímenes, intimidación pública, incendio provocado de un edificio público, daños a propiedad pública, homicidio, perjuicios serios y terrorismo.

Nota de El Nacional 

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, fijó posición ante los decretos de regulación de protestas en los estados Táchira y Vargas.

“Gobernador que saque decreto, población que se declare en desobediencia civil. Claro y firme”, expresó el parlamentario vía Twitter.

Guevara realizó un llamado “claro” a toda la población de las citadas entidades a “rebelarse frente a esos decretos inconstitucionales”.

El pasado 27 de abril José Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, prohibió las manifestaciones de calle que alteren la paz o generen violencia en la entidad a través del decreto 175. El dirigente oficialista expresó que la medida se basa en el artículo 55 de la Constitución.

Asimismo, El gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro anunció la prohibición por decreto (051) de la presencia de “encapuchados y cualquier acto vandálico que perturbe la paz”,  en esa entidad.

Nota de El Nacional

Gobernaciones de Táchira y Vargas prohibieron las manifestaciones en sus estados

 

El director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, Alfredo Ruiz, leyó un comunicado “en nombre de los directores y delegados” de esta institución para rechazar el “ataque” contra el titular de la organización, Tarek William Saab, y expresarle “apoyo y solidaridad”.

También se pronunciaron por la decisión de la Asamblea Nacional de dar tres días de plazo a Saab para que calificara de “falta grave” la actuación de los magistrados pertenecientes a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quienes emitieron decretos en los que desconocían las facultades legislativas del Parlamento y la inmunidad de sus integrantes.

Aquí el comunicado completo:

A la Opinión Pública Nacional

Nosotros, directores, directoras, delegados y delegadas de la Defensoría del Pueblo rechazamos la campaña de desprestigio y agravios adelantada por factores que hacen vida política en el país contra el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab y las instituciones que preside y le manifestamos por esta vía nuestro apoyo, acompañamiento y solidaridad.

En especial rechazamos las amenazas vertidas contra Tarek William Saab el martes 25 de abril bajo el subterfugio de un acuerdo aprobado por un grupo de diputados en las instalaciones de la Asamblea Nacional, que ha pretendido dar un ultimátum al presidente del Consejo Moral Republicano para obligarlo a desconocer una decisión del máximo órgano del Poder Ciudadano.

Rechazamos que este grupo de personas utilicen el lenguaje de la amenaza, impongan límites de tiempo e inmiscuyan a la familia de un servidor público con la finalidad de coaccionar a un Poder Público legítimo para que actúe a favor de sus particulares intereses políticos. Consideramos muy grave que se diga que el Defensor deberá atenerse a las consecuencias de no ceder al chantaje.

Recordamos a la opinión pública que la Asamblea Nacional no está facultada para remover de su cargo al Defensor del Pueblo según lo previsto en el artículo 279 constitucional, sin la intervención del TSJ. Por ello, consideramos inconstitucional la amenaza de destitución realizada por algunos diputados.

Recordamos también que Tarek William Saab ha sido un destacado defensor de derechos humanos con más de 40 años de lucha reconocida nacional e internacionalmente, por ello fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente responsable del Título III sobre Derechos Humanos de la Constitución de la República que hoy nos rige.

Como Defensor del Pueblo, ha elevado la presencia, la capacidad de acción y los niveles de atención al público de nuestra institución a nuevos niveles que han convertido a la Defensoría del Pueblo en una institución de gran reconocimiento entre el pueblo humilde de Venezuela.

Rechazamos la instigación al odio y responsabilizamos a los promotores de ese “acuerdo” por las agresiones que el Defensor del Pueblo pueda sufrir; así como nuestras sedes y todos nuestros funcionarios y trabajadores a nivel nacional, quienes cotidianamente reciben a todo lo ancho del país a miles de peticionarios sin distinciones de ningún tipo, y siempre dispuestos, sin importar hora o condiciones, a prestar el mejor servicio y las respuestas oportunas al pueblo venezolano.

La Defensoría del Pueblo ha sido desde su creación un órgano al servicio de todos y todas, que ha luchado diariamente por el mantenimiento de la paz y la institucionalidad democrática en el país en escenarios de alta conflictividad y que está llamado, hoy más que nunca, a ser el fiel de la balanza en medio de las diferencias.

Invitamos a todos los venezolanos y venezolanas a manifestar pacíficamente sus opiniones y a evitar ser utilizados para exacerbar la confrontación y para generar desasosiego en la población que día tras día trabaja para construir un país mejor.

 

República Bolivariana de Venezuela, 28 de abril de 2017