Luego de las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Elctoral (CNE), Tibisay Lucena, donde aseguraba que se estaría cumpliendo el acuerdo establecido en el diálogo de república Dominicana, los parlamentarios Julio Borges y Luis Florido, catalogaron de “mentirosa” a la rectora, señalando que no hubo tal acuerdo y presentando las exigencias de la oposición para el cambio político en Venezuela

Asimismo, los miembros de la delegación de la oposición en el diálogo señaló que es un hecho público que no se firmó nungún acuerdo por lo que “las elecciones en Venezuela no ofrecen ninguna de las garantias necesarias”.

Ambos opositores recordaron que para poder ir a las elecciones, la colaición de la unidad exige elecciones libres en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con una fecha viable, libre participación, sin presos políticos ni inhabilitados, condiciones para que venezolanos en el exterior puedan votar y observación internacional profesional.

“Me negué a firmar un acuerdo donde las garantías para que el pueblo eligiera fueran vulneradas. Señora Lucena los venezolanos tenemos derecho a todas las garantías, no a migajas. Una observación internacional unilateral, no es lo mismo que observación internacional. Las elecciones que están montando en complicidad con el Gobierno son un fraude para el país. Creen que pueden engañar a Venezuela y el mundo, pero se equivocan y están acorralados en su trampa” señaló Borges.

El diputado a la AN, Rachid Yasbeck solicitó a las autoridades del país en comparecer para explicar los hechos ocurridos en Bolívar, a su juicio, las víctimas fueron ejecutados con un disparo en la cabeza.

“El usurpador dice que fue un enfrentamiento y eso es mentira, fue una masacre de 18 venezolanos, por parte de la FAN, tenemos los nombres y apellido de los asesinados”, afirmó el parlamentario, Rachid Yasbeck.

Por su parte, el diputado, Americo De Grazia solicitó crear una investigación ante la comisión de política interior para que se de le de profundidad a estos hechos violentos.

La diputado a la AN, Delsa Solorzano informó que estás denuncias serán llevadas ante la corte penal Internacional, por lo que considera que el gobierno venezolano es el responsable de la muerte de los 18 asesinados.

“No hay armas en las fotografías que encontramos en las investigaciones de los asesinados, los disparos que se tienen en la fotografía de la autopsia son diferentes”, agregó la diputada, Delsa Solorzano.

Durante el inicio de la sesión Ordinaria de este 20 de Febrero, se juramentó al diputado por el PSUV,. Juan Antonio Arroyo, acreditándolo como diputado legitimo de Venezuela.

El parlamentario Ismael Leon presentó ante la cámara de parlamentarios una propuesta de acuerdo para reconocer los vicios de nulidad absoluta los cargos imputados contra Leopoldo López, que a su vez, exige el reconocimiento de las instancias internacionales en dar libertad al lider opositor.

En otro tema, la diputada, Amelia Belisario propone que los diputados de contraloría inicien una investigación para responsabilizar a las personas que supuestamente hurtó el millón de cajas CLAP para que se muestren a los responsables.

Según Marquina para trasladar un millón de cajas CLAP se necesitan al menos 700 gandolas para trasladarse.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, rechazó este martes el hipotético adelanto de las elecciones parlamentarias para el próximo 22 de abril, mismo día en el que se celebrarán las presidenciales, luego de que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijera más temprano que realizará dicha propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Ante el intento de imponer a la fuerza la gobernabilidad, debo decir que la Asamblea Nacional no se arrodilla. Hasta el momento se trata de una especulación, por lo tanto no puedo decir más nada al respecto”, expresó.

Sin embargo, no descartó que la propuesta finalmente pudiese tornarse en una realidad, lo que a su juicio sería “continuar con la ilegitimidad”.

“En ese caso hago un llamado a rectificar”, sostuvo, y detalló que la oposición “tomará acciones en las próximas horas”.

Cabe recordar que la ANC fue el órgano que convocó a elecciones presidenciales anticipadas.

La fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, anunció que puso a disposición de la Asamblea Nacional los documentos necesarios para que el Parlamento inicie la investigación sobre presuntos hechos de corrupción vinculados con el  Comité Local de Abastecimiento y Producción, Clap.

A través de la red social Twitter, Ortega Díaz, aseguró que  recibió una solicitud oficial por parte del diputado de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Superlano, donde solicita información referente a la “trama de corrupción”.

 

La organización Transparencia Venezuela publicó un artículo donde denuncia que durante el mes de noviembre de 2017, el Ejecutivo Nacional otorgó al Tribunal Supremo de Justicia  Bs. 107 mil millones de bolívares, equivalente a 33 millones de dólares a tasa Dicom, con lo que su presupuesto anual se incrementó 241.943%, según se señala en lala Gaceta Oficial Extraordinaria 6.340 del 15 de noviembre de 2017

Tal como se evidencia en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.340 del 15 de noviembre de 2017, la Fundación Gaceta Forense, originalmente concebida como casa editorial del Tribunal Supremo de Justicia, recibió a pocos días de terminar el año Bs. 107 mil millones de bolívares, equivalente a 33 millones de dólares a tasa Dicom, con lo que su presupuesto anual se incrementó 241.943%.

La Fundación Gaceta Forense, originalmente concebida como casa editorial del Tribunal Supremo de Justicia bajo la tutela directa del Presidente del máximo tribunal del país, magistrado Maikel José Moreno Pérez, fue la receptora de estos recursos que debieron ser ejecutados antes del 31 de diciembre de 2017.
“La discrecionalidad y falta de rendición de cuentas de estos y todos los montos asignados al TSJ generan riesgos y oportunidades de corrupción, desvío e ineficiencias con los fondos públicos. Es inaceptable en cualquier momento, pero particularmente condenable en la grave crisis económica y social por la que atraviesa el país, que tiene padeciendo a los venezolanos como nunca”, sostiene Mercedes De Freitas, Directora de Transparencia Venezuela.

La Fundación Gaceta Forense manejó 14,45% de los recursos totales del TSJ en 2017.

Transparencia Venezuela

El cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, expresó su rechazo al llamado a elecciones presidenciales hechas por el Gobierno de Nicolás Maduro, considerando que  “es una convocatoria adelantada y ventajista, totalmente abusiva e irregular por lo demás”.

En conversación con Aleteia, indicó que el llamado a elecciones anticipadas, con menos de tres meses entre la convocatoria y la realización de las elecciones, con el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) parcializado con el Gobierno, y en condiciones desventajosas para los partidos de oposición, es un atropello a los derechos políticos de los venezolanos.

“Realmente es un atropello a los derechos políticos, el imponer unas elecciones sin condiciones de equidad  igualdad y con líderes políticos y partidos invalidados, y con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) descalificada. Es imposible competir en esas condiciones leoninas que el Gobierno, a través del CNE y de la Asamblea Constituyente quieren imponernos a los venezolanos”, dijo Urosa.

En ese sentido, respaldó las consideraciones del sacerdote jesuita Luis Ugalde, que “llama a que los venezolanos defendamos nuestros derechos políticos a  través de un firme rechazo a esas elecciones manipuladas y la exigencia firme y masiva de elecciones presidenciales bien organizadas y equitativas, en tiempos adecuados y necesarios, y en condiciones de justicia, equidad y libertad para los electores y los candidatos”.

Bajo el mismo tono de la denuncia y llamando la atención de los venezolanos, Urosa dijo entender “el rechazo de esa propuesta de elecciones por parte de un gran número de países, cuya defensa de la democracia en Venezuela debemos agradecer”.

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Un grupo de familiares de pacientes renales, todos ellos menores de edad, se encadenaron este martes a las afueras del Hospital JM de los Ríos, en San Bernardino, Caracas, para exigir la apertura de un corredor humanitario que les permita sobrevivir, ante la creciente escasez de insumos médicos y medicinas.

“De aquí no me voy a mover hasta que el Ejecutivo nacional nos dé una respuesta”, dijo con la voz entrecortada Carlos Falcón, padre de una niña de 11 años que se debate entre la vida y la muerte por la falta de antirechazos.

La menor de edad rompió en llanto al ser consultada por el equipo de VPItv en Caracas. “Yo no quiero morir, ayúdennos”, expresó con lágrimas en los ojos Karlibeth Falcón.

El representante de la pequeña contó que, tanto él como los familiares de otros pacientes renales, han sido amenazados por las autoridades del JM de los Ríos. “Nos dijeron que si volvíamos a las calles, nos iban a lanzar a los colectivos. Quiero que sepan que si algo me pasa, será por batallar dignamente por la vida de mi hija. Por ella voy a hacer lo que sea”, sentenció.

El exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció que el Movimiento Amplio Desafío de Todos (MADDT), en el que funge como coordinador, acordó no participar en las elecciones presidenciales “convocadas ilegítimamente” por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para el próximo 22 de abril.

A través de su cuenta en la red social Twitter el Mayor General del Ejército, que ahora se opone al gobierno de Nicolás Maduro tras formar parte de su gabinete, expresó que la participación de la oposición en los venideros comicios “terminaría legitimando la antidemocracia”.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo este martes que propondrá la celebración de las elecciones legislativas para el 22 de abril, día en el que se llevarán a cabo los comicios presidenciales.

“Anuncio que voy a llevar a las instancias pertinentes una propuesta para que el día de las elecciones presidenciales, se llame también a las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), para llenar un vacío”, expresó en entrevista concedida al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

De esta manera el único poder en manos de la oposición, que ganó las dos terceras partes en 2015, podría ser arrebatado por el gobierno nacional, que tras declarar al Parlamento en desacato, considera todos sus actos como nulos.

“Llamar a esas elecciones constituye un llamado a ejercer el derecho al voto, a la participación, al reencuentro. Llenar un vacío, hoy no existe una Asamblea Nacional, no hay un cuerpo colegiado aquí, que es tan necesario”, agregó el electo diputado en las pasadas elecciones legislativas.

Cuestionado sobre el poco tiempo que falta para el 22 de abril, el dirigente político aseguró que “dos meses son suficientes para organizar estas votaciones”, y argumentó que no existe “ningún tipo de inconveniente” para ello, razón por la cual presentará esta propuesta ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano del que forma parte y que fue creado precisamente para contrarrestar al Parlamento.

“Esto es una decisión que puede tomar la ANC sin ningún tipo de problema, ordenar las elecciones”, sostuvo, al tiempo que catalogó esta medida como un “elemento dinamizador de la política en Venezuela” que, a su juicio, no debería “causar extrañeza” a ningún país.

Las elecciones parlamentarias están previstas para finales de 2020, pero Cabello cree que sería ideal que el nuevo presidente inicie su período “con una Asamblea Nacional cero kilómetros”.

“Es necesario, para trabajar juntos por este país, para atender a la gente y aprobar las leyes que sean necesarias”, sentenció.

Mientras el gobierno continúa tomando decisiones que, en teoría, le otorgarían más poder del que ya tienen, la oposición sigue debatiéndose entre participar o no en las presidenciales, dada la falta de garantías electorales para la celebración de una votación justa y equilibrada.

Según Cabello, juntar la elección presidencial y la legislativa podría estimular a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a participar, aunque fue enfático en subrayar que Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), dos de los partidos políticos más emblemáticos de la oposición, no podrán aspirar a cargos tras ser declarados “ilegítimos” por no revalidar sus nóminas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El derecho de gracia que le concedió el primer mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski al expresidente de ese país, Alberto Fujimori, fue negado el lunes por el tribunal encargado del proceso por la matanza de Pativilca (1992), donde murieron seis campesinos tras ser torturados.

Luego del indulto recibido el pasado 24 de diciembre por la condena a 25 años de cárcel que cumplía desde 2009 por la comisión de delitos de lesa humanidad, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional aceptó la petición de la defensa de las víctimas y no aplicó el derecho de gracia que impediría a Fujimori ser procesado en otros casos.

Condenado como autor mediato (con dominio del hecho) de la muerte de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas, al igual que la de Pativilca, por el grupo militar encubierto Colina, Fujimori vuelve a estar acusado, en esta ocasión, como autor mediato por el secuestro, las torturas y el asesinato de seis hombres con edades comprendidas entre los 17 y 38 años, en el municipio de Pativilca, ubicado a 183 kilómetros al norte de Lima, donde los cadáveres fueron encontrados con signos de violencia y disparos en la cabeza.

“Lo que queda es impugnar la decisión”, dijo Miguel Pérez, abogado de Fujimori, para quien el fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, pide 25 años de prisión tras argumentar que el derecho de gracia de Kuczynski fue emitido fuera de plazo, para que pudiera ser aplicado al proceso por este caso.

La matanza de Pativilca fue incluida en 2015 dentro de la extradición que la Justicia chilena aprobó en 2007, después de que el ex Jefe de Estado fuera detenido en territorio austral. Antes de eso se había fugado a Japón, desde donde renunció a la Presidencia de Perú por fax.

Pese a que la defensa de Fujimori recurrirá ante la Corte Suprema, esta decisión del Poder Judicial fue catalogada como “histórica” por el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, quien vela por los derechos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.

“Dado sus antecedentes”, Rivera indicó que el próximo paso a tomar por el fiscal Landa debería ser solicitar alguna medida que asegure la presencia de Fujimori en el proceso, y sugirió entre las opciones la prisión preventiva o el impedimento de salida del país.

Luego de ser excarcelado con el indulto concedido la pasada Nochebuena por Kuczynski, Fujimori, de 79 años de edad, se refugió en una lujosa mansión de 1.900 metros cuadrados en el pudiente distrito limeño de La Molina, cuyo alquiler bordea los 5.000 dólares mensuales.