Por primera vez en la historia de Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar con base en el derecho humano a la salud, sin que estuviera relacionada con personas privadas de libertad.
Dicha medida fue solicitada por Acción Solidaria, Provea, la Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH) y Cepaz, con el objetivo de proteger el derecho a la vida y la integridad física de una persona con hemofilia, a razón del detrimento en su condición de salud, consecuencia de la falta de tratamiento médico adecuado para tratar su hemofilia tipo A severa.
La CIDH le solicitó al Estado Venezolano que garantice su vida e integridad personal, y evite que se repita un caso similar.
Es importante resaltar que, para garantizar la salud y la vida de personas con hemofilia severa, el tratamiento necesario es la profilaxis (inyecciones preventivas de concentrados de factor de coagulación).
En el caso de esta medida, se requiere de 24 unidades de concentrados de factor al mes para prevenir hemorragias. No obstante, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) solamente otorga tres unidades al mes, y nada más en caso de que presente hermatrosis. La entrega selectiva y racionada conlleva a un deterioro evidente de la calidad de vida de las personas con hemofilia, al punto que no pueden trabajar, valerse por sí mismas o tener como consecuencia la pérdida de su derecho a la vida.
El Estado Venezolano, el cual había proporcionado el tratamiento de profilaxis desde el 2009, emitió una circular a través del IVSS en el año 2015, la cual establece una modificación en el esquema de entrega del tratamiento que trajo como consecuencia el cambio de profilaxis a un sistema “a demanda”.
En su respuesta a la CIDH, el Estado venezolano argumentó en su defensa que el alto costo de la profilaxis y la supuesta existencia de una “guerra económica” no le permiten obtener el medicamento en el mercado internacional. Sin embargo, se han negado a recibir las ayudas humanitarias ofrecidas.
La CIDH solicitó al Estado Venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud y a la vida del beneficiario, que acuerde con este y sus representantes las medidas a implementarse en su caso, y que informe a la Comisión sobre sus avances para evitar la repetición de violaciones al derecho a la salud.
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