Patrizia Aymerich.- La lucha por la defensa de los derechos humanos en Venezuela ha dado un paso adelante. En la misma semana, la Organización de Naciones Unidas señaló directo al gobierno de Nicolás Maduro que tildó de torturador y maltratador; al tiempo que uno de los activistas más reconocidos en el país recibió un premio por su labor a favor de quienes se han visto afectados por los tratos arbitrarios del régimen.
“La comisión de la verdad es un instrumento para perseguir”, comentó este martes el director de la ONG pro derechos humanos, Alfredo Romero, en entrevista para VPI TV. El activista hacía referencia a los grupos de investigación que dirigirá la Asamblea Nacional Constituyente –impuesta en el Palacio Legislativo arbitrariamente y dominada por el oficialismo– para fijar responsabilidades en delitos con fines políticos.
“Es un instrumento muy poderoso para determinar la verdad, para determinar responsabilidades políticas y morales de aquellos que, amparados en poderes imperiales y en poderes fácticos, se han dedicado desde 1999 a subvertir el estado de derecho”, decía la ex canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la segunda sesión de la ANC. La dirigencia opositora, ya perseguida y amenazada por el régimen madurista, teme que esta situación se agrave.
“Las comisiones de la verdad son válidas para determinar los crímenes cometidos durante las crisis, pero la mayoría de los actos que se están denunciando son cometidos por el gobierno. Por eso hay que proteger a la víctima e invitarla a denunciar”, indicó Romero, quien ganó este lunes el Premio Robert F. Kennedy Human Rights 2017, uno de los más altos reconocimientos al trabajo de defensa de los derechos humanos.
Insistió en que deben incluirse los países del Caribe, como República Dominicana, en el llamado de atención para que se denuncien las violaciones de los derechos humanos. “Esperamos que se conozca la situación venezolana y haya pronunciamientos de la comunidad internacional”, advirtió.
También resaltó que las solicitudes de asilos de los venezolanos en el extranjero ya superan a las solicitudes de los países en guerra. “Estamos en primer lugar en varios países en número de solicitudes de asilos”, dijo.
En esto ha desembocado una crisis general que los expertos indican ha mermado los servicios básicos de los venezolanos desde 2014, siendo 2017 el año en que más se han visto afectados los sectores político, social y económico. A raíz de esto, la oposición venezolana y distintos sectores de la sociedad civil han llevado adelante una serie de protestas desde hace más de cuatro meses.
Las cifras son alarmantes. Desde el 1 de abril hasta el 31 de julio, 133 personas han fallecido en el contexto de las manifestaciones. De estas, 101 fueron asesinadas en protestas, y al menos 40 funcionarios policiales está siendo investigados por haber disparado un arma en contra de los ciudadanos. Se han registrado unos 4000 heridos y 5051 personas han sido arrestadas arbitrariamente, siendo que sólo en julio se produjeron 1414 detenidos, de acuerdo con el “Reporte sobre la represión del Estado en Venezuela Julio 2017” de Foro Penal.
El informe también refleja que el número de personas civiles presentadas ante tribunales militares ha aumentado progresivamente, siendo julio (con 327 personas) el mes con mayor número de casos.
“En total, 609 ciudadanos civiles han sido procesados en la jurisdicción penal militar, mientras que 372 de ellos han sido privados de libertad (entre abril y julio) mediante órdenes judiciales emitidas por tribunales militares, negándosele su derecho constitucional al juez natural”.
Mientras que el número de presos políticos –personas arrestadas arbitrariamente con orden judicial– ya alcanza la cifra de 620.
La ONU emitió este martes un comunicado que apunta a que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra quienes se manifiestan en contra de Maduro. Ante la negativa del gobierno de permitir la entrada al país de representantes de este organismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, había desplegado un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos del país, del 6 de junio al 31 de julio.
Sobre esto, Romero aseveró que el informe de la ONU podría ser base para una denuncia penal internacional, pues el Alto Comisionado de Derechos Humanos es la instancia más importante en este ámbito.
#AlAire @alfredoromero señala que informe de la ONU se nutre de documentos de ONG #8Ago ¡#EnVivo! https://t.co/9AKoBnPWvt pic.twitter.com/k88tCW5DOg
— VPItv (@VPITV) August 8, 2017
