El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que desde el 1º de abril hasta el 29 de mayo, se registraron 2.977 arrestos, de los cuales 363 casos pasaron a jurisdicción militar 197 recibieron privativa de libertad por estas instancias.
Estos 363 contrastan con los apenas 23 que fueron juzgados por jueces civiles. Para Romero, la medida de violentar la Constitución y los tratados internacionales al enviar ciudadanos civiles a tribunales militares es con el objetivo de justificar detenciones.
El estado o zona del país con mayor número de detenidos es Carabobo, luego la Gran Caracas y, en el tercer puesto, los Altos Mirandinos, lugar donde ocurrieron protestas recientes que se extendieron hasta la noche.
La represión en este pueblo incluyó golpizas, tratos crueles, violación del domicilio e incluso, la muerte. De hecho, de las 13 personas detenidas, siete de ellas los detuvieron en una misma casa. Además, varios de ellos tienen orden de excarcelación, y continúan tras las rejas.
Las actuaciones de los cuerpos de seguridad no distinguen sexo ni edad. De los 2.977 encarcelados, 316 son mujeres y 196 son menores de edad.
De hecho, hay un crecimiento exponencial de los presos políticos que, de 117 en abril, alcanzaron los 309 hasta la fecha. El activista aclaró las condiciones para ser calificado como preso político: Ser detenido arbitrariamente, por motivos políticos y no haber incurrido en actos violentos.
A pesar de ello, la mayoría de los encarcelados en estas condiciones no son “políticos” como carrera, y es que 118 son estudiantes. También hay 32 militares y 12 dirigentes y 21 son mujeres.
Fallecidos, heridos y torturados
Romero contabilizó 69 muertes en el contexto de las protestas, algunos por accidentes contra barricadas, un presunto linchamiento, entre otras causas. Específicamente debido a la represión, son 49 los decesos.
En cuanto a los heridos, el director de Foro Penal sumó unos 3000 y aclaró que en esta categoría también se cuentan asfixiados por bombas lacrimógenas, heridos por perdigones, balas, metras, balines, golpes, etc.
Sin embargo, se mostró parco cuando se refirió a casos de tortura. Señaló que se encuentran en un proceso de identificación y documentación de los casos, para consignar las evidencias ante Fiscalía. A pesar de ello, confirmó que tienen testimonios consignados ante tribunales de hechos de este tipo que incluyen golpizas, tratos crueles, amarrar a una persona toda la noche, terror, agresiones a las que calificó de “bárbaras”, incluso mayores que las registradas en 2014.
Pidió a la colectividad consignar material testimonial como fotos y videos, ya que los que se encuentran en redes sociales no pueden utilizarse, puesto que se debe contar con la fuente de origen y sus datos: El nombre de quien lo registró, día, hora fecha, equipo con el que se grabó, entre otros.
Tribunales militares y antidemocracia
“La justicia militar violenta los principios fundamentales del Derecho”, afirmó Alonso Medina Roa, abogado del Foro Penal.
Y señaló que toda la estructura de los tribunales castrenses está subordinados al poder Ejecutivo, por lo que no puede garantizar la independencia del proceso. Y es que desde el fiscal militar, los jueces y el defensor, son designados por el presidente de la República de acuerdo a los nombres que le presenta el ministro de Defensa.
Medina explicó que las personas procesadas por estas instancias son acusadas de ataque al centinela y rebelión armada. Para el jurista, el primer delito no aplica, porque un “centinela” en quien resguarda un bien o lugar de interés militar y no es equiparable con un funcionario militar en funciones de orden público bajo un mando civil.
Por otra parte, la rebelión armada es un delito que solo puede ser imputado a militares con armas de la República, no a civiles en protestas.
“Es momento de revisar la institucionalidad del país”, manifestó Medina.
