En Venezuela existen, hasta este 10 de julio, 19 presos con boleta de excarcelación emitida por tribunales de la República que permanecen detenidas en el Servicio de Inteligencia (Sebin) sin que este organismo, dependiente de la Vicepresidencia, acate las decisiones emanadas de las cortes venezolanas. Para Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, esto demuestra que el Poder Ejecutivo es quien encarcela y libera a los ciudadanos, y no el Judicial como corresponde.
Un ejemplo de esto es la situación de los 14 funcionarios de Polichacao presos en la sede del Sebin ubicada en el Helicoide. Estos efectivos fueron vinculados con el asesinato de un periodista perteneciente al canal público Venezolana de Televisión (VTV), hoy en manos del partido gobernante.
A pesar de que el Ministerio Público y el tribunal dictaminaron su inocencia, junto a Amnistía Internacional, además de contar con una orden de liberación, estos funcionarios continúan recluidos desde hace más de un año sin que, hasta la fecha, la policía política dé muestras de acatar estas decisiones.
Por este motivo, tanto los policías como la hermana y abogada de una de las encarceladas, mantienen una huelga de hambre que al 10 de julio suman 10 días.
Pero no son los únicos casos. Romero advirtió que cinco personas más, a quienes se les dictó orden de excarcelación, siguen como “rehenes” en el Sebin. Entre ellos el dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea.
Por otra parte, las detenciones arbitrarias y violaciones al hogar, realizadas sin orden de captura ni de allanamiento contra varias residencias del país efectuadas por organismos policiales y militares que dependen directamente de instancias ministeriales, también evidencian que este poder público se arrogó la administración de justicia, competencia propia de los tribunales de la república, así como la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.
“Pregunten al Defensor o a Maikel Moreno (presidente del Tribunal Supremo de Justicia) si ellos pueden entrar al Sebin. Pregunten a Moreno si él le reclamó al Sebin que no acató las decisiones que tomaron los tribunales que él dirige“, cuestionó Romero.
El mes de las violaciones sexuales
El activista también ofreció un saldo de protestas y detenciones durante los meses de protestas y, particularmente del mes de junio.
Romero denunció: “Junio se caracterizó por tratos crueles y torturas, especialmente abuso sexual”. Señaló que las cinco estudiantes mujeres detenidas en la Upel Maracay, denunciaron en su presentación ante tribunales actos lascivos en su contra realizados por funcionarios de Poliaragua, tales como toqueteos e intento de penetración con objetos por encima de la ropa. Acciones todas que califican como tortura y tratos inhumanos y degradantes.
También recibió castigos físicos el dirigente de Vente Venezuela detenido en Monagas, Orlando Moreno. Aunque ya está en libertad, el activista relató que lo encarcelaron en La Pica sin ninguna orden y lo guindaron de las manos durante 24 horas mientras le propinaban golpes por negarse a grabar un video en contra de la coordinadora de esa organización política, María Corina Machado.
Persecuciones contra testigos y heridos
Para el director del Foro Penal, las detenciones y persecuciones pasaron a una nueva etapa en junio y las tildó de “selectivas”, ya que no se encarcela a manifestantes al azar, sino a aquellos que fueron testigos de asesinatos o resultaron heridos durante represión que condujo a la muerte de otros manifestantes.
Relató que este es el caso de los que se encontraban con Fabián Urbina, asesinado por impacto de bala disparado por un militar de la Guardia Nacional (GN), así como los que acompañaban a Juan Pernalete, muerto por el golpe de una bomba lacrimógena utilizada como proyectil por los cuerpos de seguridad.
A esto se le suma que la GN se niega a colaborar en las investigaciones en las que están implicados sus funcionarios. Hasta el momento, no hay detenciones ni decisiones contra guardias nacionales imputados por la muerte de manifestantes. Por el contrario, encubren a los presuntos responsables de estos hechos.
