Patrizia Aymerich.- “Mi vida transcurre esperando justicia”, dice Pierina Medina sentada, en una silla de playa, afuera de la sede de la Naciones Unidas en Caracas. Es la hermana de Venus Medina, una de los 14 Polichacaos detenidos arbitrariamente en el Helicoide.
En el fondo, en grande, se despliega una gran boleta de excarcelación emitida a los oficiales el 8 de agosto de 2016, firmada por la juez Luisa Romero Campos, que luego fue ratificada en enero de 2017.
Pese a su orden de liberación, a los Polichacao no los han dejado salir. Permanecen encerrados sin justificación en unas celdas paupérrimas, víctimas de delitos de tortura, tratos crueles e inhumanos y abusos, como han denunciado ellos mismos.
“Eso es un centro horrendo, se siente una energía extraña, negativa”, dice Medina en un lenguaje con tapabocas. Se ha sumado a la huelga de hambre que mantienen los mismos reos, pero dentro de la cárcel, desde el 24 de junio.
Medina aseguró a VPI TV que “es un sitio de recesión insalubre que no cuenta con condiciones y no debería ser un centro de reclusión”.
Otras 10 mujeres, familiares de los detenidos, se sumaron el fin de semana a la protesta.
“Introdujimos un escrito en la ONU solicitando su intervención como garante de los derechos humanos y quedaron en darnos repuestas. Contamos con la buena fe de este organismo para que intervengan en nuestro caso”.
Las huelgas de hambres que han surgido como una protesta indefinida y silenciosa por las condiciones en las que se encuentran detenidos y el impedimento de su excarcelación, según ha dicho los Polichacao.
Familiares de los presos denunciaron el pasado 25 de junio que el Sebin ha suspendido el régimen de visitas para todos los presos en el lugar, “con la única intención de crear un ambiente hostil contra de la manifestación de los Polichacao”, afirmaba Medina. Por ello, solicitaron que se exprese sobre el hecho el Ministerio Público venezolano, así como la fiscal general Luisa Ortega Díaz y el defensor del Pueblo Tarek Wiliam Saab.
Amnistía Internacional también ha tomado posición acerca del caso y exigió el pasado 3 de julio la liberación de los oficiales, que fueron aprehendidos el 20 de junio de 2016 como responsables del asesinato del periodista Ricardo Durán, imagen y ancla de Venezolana de Televisión y simpatizante del oficialismo.
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