“No aguantaba el dolor”: ONU destapa violaciones de DDHH en Venezuela

Patrizia Aymerich.- Represión a manifestaciones de disidentes, persecuciones políticas, torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas. El cóctel, que forma parte del nuevo panorama social y político venezolano, ha sido registrado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”.

Aunque el gobierno de Nicolás Maduro se blindó, y nunca dio el permiso para que la ONU enviara una comisión a Venezuela –a donde no tiene acceso desde 2014–, el equipo del ACNUDH realizó actividades de monitoreo a distancia que contó con el registro de 135 entrevistas a víctimas y sus familiares, testigos, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público.

También recibió información por escrito de la Defensoría del Pueblo, en ese entonces dirigida por Tarek William Saab, vinculado al madurismo y hoy fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido repudiada por la comunidad internacional. Así como datos de la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela para las Naciones Unidas en Ginebra.

La conclusión salta a la vista. “Se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y un aumento de la estigmatización y persecución de las personas percibidas como opositoras al Gobierno del Presidente Maduro”, expone el documento hecho público este 30 de julio.

A la presentación del informe la acompañaron las palabras del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid R’aad al Hussein, quien urgirá al Consejo a que “tome medidas que eviten que la situación de derechos humanos empeore en Venezuela, pero depende de este órgano decidir qué medidas tomará, ya sea en la forma de un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación”. Pedirá a Maduro que le permita al organismo las visitas “in situ”.

 

Para el diplomático jordano la democracia en Venezuela “está apenas viva, si es que sigue viva”.

 

De las 124 muertes registradas por el Ministerio Público al 31 de julio, en el contexto de las manifestaciones, ACNUDH pudo constatar que las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46. Además, de ser protagonistas de la violación sistemática de derechos humanos en el país. Pero también los colectivos armados, amparados por la protección del Estado venezolano y el apoyo de las fuerzas de seguridad –muchas veces en coordinación con estas, de acuerdo al informe–, cobraron la vida de 27 de estas personas.

Hoy en día el número se ha elevado hasta 157 asesinatos en protestas, de acuerdo a distintas ONG.

El informe apunta también 5.051 personas –entre ellas 410 menores de edad– detenidas arbitrariamente entre el 1 de abril y el 31 de julio. Según el ACNUDH, algunas detenciones “podrían constituir desapariciones forzadas, en la medida en que las autoridades, durante un período inicial, se negaron a confirmar el destino o el paradero de las personas detenidas”.

De estos, 726 es el número de civiles que han sido sometidos a la justicia militar, algo que fue repudiado el 26 de mayo por la CIDH. El gobierno de Maduro generó con ello una política d persecución y de detenciones masivas en el marco de la operación cívico-militar conocida como “Plan Zamora”, en la que participan funcionarios policiales, militares y civiles armados.

ACNUDH documentó, además, casos de malos tratos hacia los disidentes detenidos, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura y violaciones graves del derecho, como “la utilización de descargas eléctricas, fuertes palizas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte, con el objetivo de castigar, humillar y aterrorizar a los detenidos, así como de extraer confesiones e información sobre presuntas actividades antigubernamentales”.

Uno de los casos más graves que expone el documento, es el de un ex detenido que fue atado de manos y pies, suspendido del cielo raso y electrocutado por militares.

 

“Estaba desnudo por completo. Me empaparon con mucha agua. Un guardia repetía ‘mójalo bien porque si no lo quemas’”. Le dieron descargas eléctricas mientras lo interrogaban. “No aguantaba el dolor”.

 

La situación podría agravarse, dadas la condición “política nacional cada vez más inestable y polarizada”, indica el primer informe detallado sobre la violación a los derechos humanos en los últimos meses en Venezuela, calificada recientemente por la oposición del país y por la comunidad internacional como una “dictadura”.

En el marco de las medidas internacionales, el comunicado de la ONU le sigue a la lucha que lleva a cabo en la Organización de Estados Americanos, su secretario general Luis Almagro, que prevé comenzar en septiembre una serie de audiencias para determinar si hay fundamento para que alguno de los Estados miembros lleve a Venezuela ante la Corte Penal Internacional.

Por el momento, el régimen de Maduro no ha dado indicios de permitir el ingreso al país de una comisión de la ONU, aunque en marzo pidió ayuda al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la importación de medicamentos que solventaran la crisis de salud que vive Venezuela actualmente. Según el mandatario, los problemas socioeconómicos son culpa de una guerra económica encabezada por el gobierno de Estados Unidos, sus sanciones y de la caída abrupta de los precios del petróleo.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio, apoyo las conclusiones del informe y dijo que este contiene las denuncias que ella misma ha formulado en las últimas semanas, y por lo cual ha sido perseguida –junto con su esposo, el diputado Germán Ferrer– por el Estado venezolano.

Henrique Capriles, gobernador de Miranda y uno de los líderes de la oposición, también se refirió al informe: “¿Qué van a decir respecto a esto? ¿También van a desconocer a las Naciones Unidas? Venezuela quiere que haya justicia. Las Naciones Unidas y el mundo tienen puesta la mirada sobre Venezuela”.

 

Por Patrizia Aymerich | @Patifini

 

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