Tramitan alerta roja contra exjefe de Odebrecht en Venezuela y diputado Germán Ferrer

El fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó este jueves que se está tramitando una alerta roja en Interpol para la captura de Euzenando Prazeres de Azevedo, quien fue presidente de Odebrecht en el país.

Saab hizo este anuncio en una declaración retransmitida por el canal estatal VTV, en la que señaló también que se ha activado otra alerta roja ante Interpol contra el diputado Germán Ferrer, esposo de la también fiscal Luisa Ortega Díaz, actualmente en el exilio.

A juicio de Saab, Ferrer está implicado en una supuesta red de extorsión que habría operado en el Ministerio Público (MP), la cual estaría liderada por varios altos mandatarios de la Fiscalía, cuyos nombres espera que sean revelados por el abogado detenido José Parra Saluzzo, dueño del bufete Parra Saluzzo, que trabajaba para Odebrecht.

“Parra Saluzzo se encuentra privado de libertad y ha prometido acogerse a la política de la delación para revelar con nombre y apellido quiénes eran los directores, quiénes eran los titulares del MP que conformaban el cartel de extorsión”, añadió el fiscal.

Según Saab, Parra Saluzzo le comentó a fiscales en ejercicio del MP que Ferrer e incluso Ortega Díaz están vinculados con la “red de extorsión”, aunque aclaró que el jurista no ha ofrecido una declaración de “manera judicial”.

Agregó que existió una relación “directa” y “concreta” en hechos de corrupción entre tres fiscales del MP, Odebrecht y el bufete Parra Saluzzo.

Reveló asimismo que se están tramitando otras alertas contra los hermanos empresarios Carlos Enrique Urbano Fermín y Carlos Eduardo Urbano Fermín, por un supuesto caso de corrupción de la petrolera estatal Pdvsa en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Según documentos revelados por el Departamento de Justicia de EEUU el pasado 21 de diciembre, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.

De acuerdo con esos documentos, los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”.

Los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York señalan que la compañía brasileña pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela entre 2006 y 2015 a “funcionarios e intermediarios del gobierno”, para “obtener y retener contratos de obras públicas”.

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