Este miércoles, el director ejecutivo de la Organización No Gubernamental (ONG) Ciudadanía en Acción, Edison Arciniega, consignó un documento en la Defensoría del Pueblo donde alerta la evidencia pública y preocupante del avance de la crisis alimentaria, sustentado en las cifras incidentales de Cáritas de Venezuela y el reconocimiento por parte del Sistema de las Naciones Unidas, que en días pasados, a través de un comunicado, solicitó al Gobierno liberar las cifras, para en conjunto coordinar respuestas.

Asimismo, Arciniega exhortó al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a activar una mesa técnica en busca de soluciones y en protección a los derechos humanos, donde también participen el Ministerio de Alimentación y el Instituto Nacional de Nutrición.

“Acudimos a esta instancia en vista de la negativa del Gobierno a revelar las cifras que manejan y que seguramente superan las nuestras, es urgente que la defensoría convoque a la mesa técnica para dar respuesta terapéutica, suplementaria y de anaquel, a los millones de venezolanos que están padeciendo la destitución alimentaria”, indicó.
Según los datos mostrados por la ONG existen 1,2 millones de ciudadanos en avanzado estado de desnutrición que requieren atención terapéutica inmediata. Al menos 8 millones que necesitan respuesta suplementaria –realizan menos de 2 comidas al día- y la población en general solicita una respuesta de anaquel, que no es más que solventar el problema de desabastecimiento.

Ciudadanía en Acción considera imperante avanzar en enfrentar ahora la crisis, pues su agravamiento pone en riesgo la vida de varias decenas de miles de ciudadanos (al menos 50 mil en riesgo de muerte el 1er trimestre). Explicó que 78% de la población consume menos del 60% de las proteínas diarias normativas y que 61,8% de la población está consumiendo menos de 1.300 calorías diarias, cuando lo normativo es 2.000 calorías por día.

“Esto significa la desmejora de la salubridad de toda la población, pero además representa un grave riesgo para la estabilidad social y el orden público porque la experiencia global indica que los pueblos ante la escasez aguda de alimentos suelen reaccionar con brotes de anarquía y disturbios capaces de hacer colapsar la convivencia y el orden social”, enfatizó Arciniega.

Venezuela es el país del mundo con mayor pérdida de riqueza privada, según el último informe de la compañía de investigación de mercado New World Wealth reseñado por Visual Capitalist.

Según este informe, Venezuela perdió 48% su riqueza en términos de dólares estadounidenses entre los años 2007 y 2017.

Map Visualizing the Global Shift in Wealth Over 10 Years - Google ChromeMap Visualizing the Global Shift in Wealth Over 10 Years - Google Chrome_2

Recientemente, el régimen ha intentando reforzar su control sobre el poder, a pesar que su mala gestión de la economía ha provocado que la gente muera por infecciones por falta de antibióticos o que hurgue en la basura en las calles buscando comida. La comunidad internacional comienza a calificar la situación como una crisis humanitaria, que resulta extremadamente desalentadora verla en lo que alguna vez fue uno de los países más ricos del planeta.

Y si bien la situación actual de Venezuela es una tragedia en sí misma, la incapacidad del país para vivir a la altura de su verdadero potencial económico es casi igual de devastadora.

Lea la nota completa aquí

 

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó la aprensión contra gerentes de Petropiar y Pdvsa Petrocedeño por estar incursos en delitos de corrupción.

Saab indicó que el Ministerio Público logró  “detener y judicializar cuatro generentes por el contrato de compra de bienes y servicios con sobreprecio”.

Dio a conocer los nombres de las  personas implicadas: Pedro Enrique Trejo, presidente de Petropiar; Anibal José Velázquez Marcano, gerente general de Petropiar,; Yesenia del carmen Aguilera, gerente de contratación;  Evelín Rosario Quijada, gerente de finanzas;  y lo socios de empresas Patricia José Amundaraín Guzmán  y Javier Rangel Moros, propietario de empresas.

 

La integrante de la organización Transparencia Venezuela, Christy Rangel, informó que el país sacó cero como calificación en la transparencia de la administración de los recursos públicos.

Rangel enfatizó que de 115 países evaluados,  Venezuela quedó por segundo año como uno de los con menor presupuesto abierto ubicándose en el lugar 110.

El informe detalló que entre otras cosas que no hay disponibilidad a documentos oficiales, incumplimiento en la publicación oportuna de los presupuestos aprobados.

En el marco de su primer Discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, presumió la noche del martes de las “duras sanciones a las dictaduras comunistas y socialistas de Cuba y Venezuela” que ha impuesto su gobierno.

Cuba y Venezuela fueron los únicos países latinoamericanos que nombró Trump durante los minutos que dedicó a la política exterior. Ambas naciones han sido objeto de duras medidas económicas por parte de EEUU, en respuesta a lo que el gobierno de ese país califica como graves violaciones a los derechos humanos.

El sistema financiero del gobierno de Nicolás Maduro y una gran lista de funcionarios y exfuncionarios venezolanos han sufrido “más de 50 sanciones” durante la gestión de Trump, que acumula poco más de un año en el poder, según detalló el Departamento de Estado de EEUU.

Por su parte, Cuba ha visto como el polémico Jefe de Estado entorpeció las relaciones comerciales de EEUU con la isla, con la expulsión de 17 funcionarios cubanos de territorio norteamericano tras los presuntos “ataques sónicos” que diplomáticos estadounidenses padecieron en La Habana.

El vocero del equipo oficialista que negocia con la oposición en República Dominicana, Jorge Rodríguez, informó la noche del martes que al anuncio del presunto acuerdo entre ambas partes será prorrogado hasta este miércoles, cuando en definitiva deberían darse los resultados concretos de la negociación.

“Estoy casi seguro, en un 98%, de que habrá acuerdo”, dijo el ministro de Comunicación e Información a la prensa, tras concluir la reunión del martes con representantes de la oposición en la sede de la Cancillería de República Dominicana, en Santo Domingo.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes una prórroga de 60 días para la comisión especial que investiga la denominada masacre de El Junquito, en la que fueron ajusticiados siete venezolanos, entre ellos el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez.

Dicha prórroga aprobada por la cámara parlamentaria le servirá a la comisión encargada para analizar las conclusiones del caso, el cual a juicio del diputado José Luis Pirela tiene dos versiones oficiales ofrecidas por el gobierno de Nicolás Maduro.

“En el proceso hubo orden y contraorden, por ello se produce una masacre. Maduro actuó como un cobarde, aceptan los hechos sin condenar a los que propiciaron el asesinato”, dijo el parlamentario, quien aseguró que algunos de los funcionarios que participaron en el operativo están fuera del país con identidad falsa, y dejó entrever que existen dudas sobre si realmente el cadáver de Óscar Pérez fue sepultado en el Cementerio del Este.

El diputado Winston Flores criticó, por su parte, que el Ejecutivo nacional “esconda el acta de defunción” para evitar que se sepan los detalles de la muerte de cada uno de los venezolanos que fueron ajusticiados el pasado 15 de enero.

“Las siete actas de defunción tienen la misma huella, el mismo disparo. La pena de muerte es la razón fundamental que tiene el gobierno para ocultar los hechos”, denunció.

Más tarde, la parlamentaria Adriana Pichardo informó de tres allanamientos a viviendas ubicadas en el interior del país, pertenecientes a personas allegadas al expiloto del Cicpc, o a sus acompañantes.

“En total, 32 venezolanos están presos por el caso Óscar Pérez; 22 civiles y 10 militares”, indicó.

Finalmente, su par Delsa Solórzano rechazó que el jefe nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) estuviese presente durante el operativo. “Tenemos pruebas de que al Cicpc no le han permitido trabajar (en este caso)”, sentenció.