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La organización no gubernamental, Foro Penal, exigió que los funcionarios de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que regresaron a Venezuela tengan acceso y sin ningún tipo de restricciones a las cárceles en las que se encuentran los privados de libertad por razones políticas. Esto después que la titular del organismo regional, Michelle Bachelet, ofreciera una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en el país.

A través de un comunicado mencionaron la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta Norte; el área conocida como “El inframundo” en la llamada Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta y la llamada “Tumba” el Helicoide, donde está una de las sedes principales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El diputado a la Asamblea Nacional, Williams Dávila, consideró que se mantendrá la represión en Venezuela pese al informe presentado por la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debido a que la administración de Nicolás Maduro no está presta a respetar las medidas dictadas por instancias internacionales.


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Dávila confirmó la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano, motivo por el cual la Presidencia encargada de Venezuela autorizó el uso de satélites para localizarlos.

El objetivo de conmemorar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares se debe que desde 1945 se han realizado 2.000 pruebas, lo que ha generado un impacto en el medio ambiente y en la sociedad. Por lo que el 2 de diciembre de 2009, la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó que cada 19 de agosto se celebrará la fecha con el fin de concienciar a los gobiernos

Este día se conecta con la votación histórica en julio de 2017, en que 122 naciones estuvieron a favor de la prohibición de las armas nucleares y fue Holanda quien estuvo en contra y Singapur se abstuvo.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a apoyar el Plan de Respuesta Humanitaria que fue creado por Venezuela y el que requiere 223 millones de dólares con el fin de prestar asistencia a 2,6 millones de venezolanos.

A través de un comunicado la ONU, expresaron que este mecanismo responde a las necesidades más urgentes como en el sector salud, servicios básicos, higiene, nutrición, alojamiento, enseres y educación. “Es un esfuerzo para aliviar las necesidades más agudas de los grupos más vulnerables y no es una solución a la crisis en Venezuela”.

Al menos 20 muertos y 35 heridos dejó un ataque aéreo por parte de la aviación del mariscal Jalifa Hafter, en la ciudad de Al Murzuq, al suroeste de Libia, según el representante del consejo municipal de la localidad, Mohamed Omar. El ataque fue dirigido al barrio residencial de Al Kalaa, en el que vive la tribu de Al Tubuo.

El mariscal, cuyas tropas controlan la mayor parte de Libia y todos los yacimientos petroleros, lanzó el pasado cuatro de abril una ofensiva para tratar de conquistar la capital en marco de la visita del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres. Desde entonces han muerto más de un millón de personas, entre milicianos y civiles. Asimismo, más de cinco mil libios han resultado heridos y un poco más de 100 mil se han visto obligadas a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados internos.

Una encuesta de la firma Gallup reveló que el país perdería 42% de su población de entre 15 y 29 años si estos decidieran irse a vivir en otra nación, según el Índice de Migración Potencial elaborado por la empresa.  El último año, los venezolanos han salido en masa por sus fronteras, incluso caminando o emprendiendo viajes de 15 días en autobús, intentando escapar de la crisis económica y humanitaria que golpea la nación suramericana.

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Según cifras de la ONU, 2.3 millones de personas han salido del país en los últimos 5 años, siendo esta una pequeña cifra frente a los más de 4 millones 600 mil calculados por la firma venezolana Consultores 21. Por su parte, el gobierno lleva adelante el plan “Vuelta a la Patria”, que ha apoyado el retorno de 10.672 ciudadanos que consideran que sus expectativas en el país que los recibió no se cumplieron.

Según un informe de la Cancillería, entre las razones que exponen para volver están la xenofobia y la explotación laboral. Gallup también proyecta que Venezuela perdería a 36% de sus profesionales si estos decidieran irse del país.

 

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La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, declaró en medio del foro “Casa América” que sostuvo una reunión con el canciller de Venezuela Jorge Arreaza, y dejó entrever que próximamente su oficina haría una visita al país.

“Conversamos con el ministro Arreaza, para ver cuando y en qué condiciones se puede hacer una visita, primero de la oficina, y luego una mía para mirar el tema de los Derechos Humanos”, dijo. Asimismo, afirmó que estudiarían “el tema de la migración de venezolanos”, acentuada en los países de la America del Sur.

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También se refirió a la caravana de migrantes que se moviliza con destino a Estados Unidos en Centroamérica, felicitando la labor del recién juramentado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien “le está dando prioridad a los Derechos Humanos”, resaltando que su primera decisión política fue la generación de la comisión de verdad para estudiar y esclarecer la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, condenó  al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, al calificarlo como un déspota que lleva a su nación rica en petróleo a la ruina y agregó que “en última instancia este régimen tendrá que irse” para que la situación mejore.

Sin embargo, Mattis no sugirió ningún papel de Estados Unidos en dicho proceso y dijo en un foro de seguridad en California: “Depende del pueblo venezolano, depende de los estados regionales en esa área ayudar a acelerar ese proceso y llevar a ese país a un futuro más próspero y positivo”.

Más de 3 millones de venezolanos han huido del país sudamericano en los últimos años, expulsados por la brutal escasez de alimentos y medicamentos, la hiperinflación y los delitos violentos.

Washington ha impuesto sanciones a Venezuela en medio de denuncias contra Maduro y funcionarios de su gobierno por violar los derechos humanos y desencadenar una crisis económica.

“Esto es lo que sucede cuando tienes a un déspota irresponsable que está llevando a un país a la ruina. Y creo que lo que deberíamos hacer es trabajar por, con y a través de nuestros aliados latinoamericanos para estabilizar esta situación”, dijo Mattis al Foro de Defensa Nacional Reagan.

El Comfort, un buque hospital de la Marina de Estados Unidos, está tratando a refugiados venezolanos en una gira por América Latina que incluye paradas en la vecina Colombia, destacó Mattis.

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo diplomático y a través de la ayuda humanitaria. Pero en última instancia, este régimen tendrá que irse”, enfatizó.

Naciones Unidas (ONU) prometió el lunes 9,2 millones de dólares en ayuda para Venezuela, donde el hambre y las enfermedades prevenibles están aumentando debido a la escasez de alimentos y medicamentos. Maduro atribuye los problemas del país a las sanciones estadounidenses y a una “guerra económica” liderada por adversarios políticos.

Críticos del gobierno celebraron el compromiso de la ONU como un reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de que el país enfrenta una crisis humanitaria, algo que Maduro ha negado en el pasado, y un paso hacia el tratamiento de una población privada de servicios básicos.

Pero a algunos les preocupa que los fondos puedan alimentar la corrupción del gobernante Partido Socialista, que quedó al descubierto a principios de este mes cuando un ex tesorero venezolano dijo a los fiscales estadounidenses que recibió sobornos por 1.000 millones de dólares.

VOA

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La alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, “acogió con beneplácito” una invitación del Gobierno de Venezuela para constatar la situación de los derechos fundamentales en el país, y evalúa la fecha para que esta visita “tenga lugar el próximo año”, informó hoy la Cancillería.

El Ministerio de Exteriores venezolano detalló en un comunicado que la invitación formal fue extendida por el presidente Nicolás Maduro mediante una carta que fue entregada a Bachelet por el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero.

En la carta, Maduro expresa que la visita de Bachellet “le permitirá conocer de primera mano, y revisar junto al Gobierno Bolivariano, los amplios e históricos esfuerzos a favor de garantizar y promover los derechos humanos del pueblo venezolano”.

También dice la misiva que la diplomática podrá conocer “las repercusiones negativas” que, asegura el Gobierno de Venezuela, se desprenden de las sanciones impuestas a funcionarios por distintos gobiernos del mundo, de las cuales, refiere Cancillería, Valero entregó a Bachellet “un voluminoso expediente” que las detalla.

La oposición en Venezuela ha pedido al menos seis veces a Bachelet que constate con su visita la “grave” crisis que atraviesa el país, petición que también ha sido extendida por el Parlamento, de contundente mayoría opositora.

Según el antichavismo, el Gobierno de Maduro viola los derechos humanos con encarcelaciones a disidentes, ejecuciones extrajudiciales y denegación de los derechos establecidos en la Constitución.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una severa crisis económica que se expresa en escasez de alimentos y medicinas así como en hiperinflación, un indicador que el Fondo Monetario Internacional estima cierre en 10.000.000 % el venidero 2019

El Gobierno Nacional invitó nuevamente a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a visitar Venezuela para que conozca de primera mano “las repercusiones de las medidas coercitivas contra el país”.

La carta de invitación fue entrada por Jorge Valero, representante permanente de Venezuela ante la ONU a la expresidenta chilena, así lo informó la en su cuenta Twitter, en donde publicó fotografías del embajador venezolano con Bachelet.

También el 11 de noviembre el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió la visita de Bachelet a Venezuela para que constate la “violación a los derechos humanos”, en lo que fue el quinto llamado de la oposición, incluyendo las peticiones previas de familiares de los “presos políticos”.