Una encuesta de la firma Gallup reveló que el país perdería 42% de su población de entre 15 y 29 años si estos decidieran irse a vivir en otra nación, según el Índice de Migración Potencial elaborado por la empresa.  El último año, los venezolanos han salido en masa por sus fronteras, incluso caminando o emprendiendo viajes de 15 días en autobús, intentando escapar de la crisis económica y humanitaria que golpea la nación suramericana.

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Según cifras de la ONU, 2.3 millones de personas han salido del país en los últimos 5 años, siendo esta una pequeña cifra frente a los más de 4 millones 600 mil calculados por la firma venezolana Consultores 21. Por su parte, el gobierno lleva adelante el plan “Vuelta a la Patria”, que ha apoyado el retorno de 10.672 ciudadanos que consideran que sus expectativas en el país que los recibió no se cumplieron.

Según un informe de la Cancillería, entre las razones que exponen para volver están la xenofobia y la explotación laboral. Gallup también proyecta que Venezuela perdería a 36% de sus profesionales si estos decidieran irse del país.

 

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La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, declaró en medio del foro “Casa América” que sostuvo una reunión con el canciller de Venezuela Jorge Arreaza, y dejó entrever que próximamente su oficina haría una visita al país.

“Conversamos con el ministro Arreaza, para ver cuando y en qué condiciones se puede hacer una visita, primero de la oficina, y luego una mía para mirar el tema de los Derechos Humanos”, dijo. Asimismo, afirmó que estudiarían “el tema de la migración de venezolanos”, acentuada en los países de la America del Sur.

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También se refirió a la caravana de migrantes que se moviliza con destino a Estados Unidos en Centroamérica, felicitando la labor del recién juramentado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien “le está dando prioridad a los Derechos Humanos”, resaltando que su primera decisión política fue la generación de la comisión de verdad para estudiar y esclarecer la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, condenó  al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, al calificarlo como un déspota que lleva a su nación rica en petróleo a la ruina y agregó que “en última instancia este régimen tendrá que irse” para que la situación mejore.

Sin embargo, Mattis no sugirió ningún papel de Estados Unidos en dicho proceso y dijo en un foro de seguridad en California: “Depende del pueblo venezolano, depende de los estados regionales en esa área ayudar a acelerar ese proceso y llevar a ese país a un futuro más próspero y positivo”.

Más de 3 millones de venezolanos han huido del país sudamericano en los últimos años, expulsados por la brutal escasez de alimentos y medicamentos, la hiperinflación y los delitos violentos.

Washington ha impuesto sanciones a Venezuela en medio de denuncias contra Maduro y funcionarios de su gobierno por violar los derechos humanos y desencadenar una crisis económica.

“Esto es lo que sucede cuando tienes a un déspota irresponsable que está llevando a un país a la ruina. Y creo que lo que deberíamos hacer es trabajar por, con y a través de nuestros aliados latinoamericanos para estabilizar esta situación”, dijo Mattis al Foro de Defensa Nacional Reagan.

El Comfort, un buque hospital de la Marina de Estados Unidos, está tratando a refugiados venezolanos en una gira por América Latina que incluye paradas en la vecina Colombia, destacó Mattis.

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo diplomático y a través de la ayuda humanitaria. Pero en última instancia, este régimen tendrá que irse”, enfatizó.

Naciones Unidas (ONU) prometió el lunes 9,2 millones de dólares en ayuda para Venezuela, donde el hambre y las enfermedades prevenibles están aumentando debido a la escasez de alimentos y medicamentos. Maduro atribuye los problemas del país a las sanciones estadounidenses y a una “guerra económica” liderada por adversarios políticos.

Críticos del gobierno celebraron el compromiso de la ONU como un reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de que el país enfrenta una crisis humanitaria, algo que Maduro ha negado en el pasado, y un paso hacia el tratamiento de una población privada de servicios básicos.

Pero a algunos les preocupa que los fondos puedan alimentar la corrupción del gobernante Partido Socialista, que quedó al descubierto a principios de este mes cuando un ex tesorero venezolano dijo a los fiscales estadounidenses que recibió sobornos por 1.000 millones de dólares.

VOA

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La alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, “acogió con beneplácito” una invitación del Gobierno de Venezuela para constatar la situación de los derechos fundamentales en el país, y evalúa la fecha para que esta visita “tenga lugar el próximo año”, informó hoy la Cancillería.

El Ministerio de Exteriores venezolano detalló en un comunicado que la invitación formal fue extendida por el presidente Nicolás Maduro mediante una carta que fue entregada a Bachelet por el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero.

En la carta, Maduro expresa que la visita de Bachellet “le permitirá conocer de primera mano, y revisar junto al Gobierno Bolivariano, los amplios e históricos esfuerzos a favor de garantizar y promover los derechos humanos del pueblo venezolano”.

También dice la misiva que la diplomática podrá conocer “las repercusiones negativas” que, asegura el Gobierno de Venezuela, se desprenden de las sanciones impuestas a funcionarios por distintos gobiernos del mundo, de las cuales, refiere Cancillería, Valero entregó a Bachellet “un voluminoso expediente” que las detalla.

La oposición en Venezuela ha pedido al menos seis veces a Bachelet que constate con su visita la “grave” crisis que atraviesa el país, petición que también ha sido extendida por el Parlamento, de contundente mayoría opositora.

Según el antichavismo, el Gobierno de Maduro viola los derechos humanos con encarcelaciones a disidentes, ejecuciones extrajudiciales y denegación de los derechos establecidos en la Constitución.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una severa crisis económica que se expresa en escasez de alimentos y medicinas así como en hiperinflación, un indicador que el Fondo Monetario Internacional estima cierre en 10.000.000 % el venidero 2019

El Gobierno Nacional invitó nuevamente a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a visitar Venezuela para que conozca de primera mano “las repercusiones de las medidas coercitivas contra el país”.

La carta de invitación fue entrada por Jorge Valero, representante permanente de Venezuela ante la ONU a la expresidenta chilena, así lo informó la en su cuenta Twitter, en donde publicó fotografías del embajador venezolano con Bachelet.

También el 11 de noviembre el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió la visita de Bachelet a Venezuela para que constate la “violación a los derechos humanos”, en lo que fue el quinto llamado de la oposición, incluyendo las peticiones previas de familiares de los “presos políticos”.

La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dirigió una carta a los padres de Juan Pablo Pernalete, David Vallenilla, Neomar Lander y de otros de los jóvenes asesinados durante las protestas contra de 2017. Reconoció los obstáculos que han tenido para encontrar la justicia.

Cabe destacar que José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pernalete, joven de 20 años asesinado por la Guardia Nacional durante las protestas del año pasado en el país, reunió a 20 padres para que firmaran en conjunto una carta dirigida a Michelle Bachelet donde le expresaban “nuestro anhelo por alcanzar justicia en el caso de nuestros hijos, jóvenes víctimas de violaciones graves de derechos humanos”

En respuesta, Bachelet les ofreció su apoyo y el de la Oficina que preside para esclarecer los hechos y obtener justicia. “Quiero comunicarles que el Consejo de Derechos Humanos ha establecido un mandato a mi Oficina para que elabore un informe exhaustivo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que será presentado al Consejo en junio y julio de 2019”

 

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El padre del diputado Juan Requesens, Juan Guillermo Requesens, señaló que tras e100 días de la detención de su hijo, el caso puede resumirse como un acto de violación del estado de derecho, “aquél que piensa diferente puede estar tras las rejas, la solidaridad tiene mente corta”, haciendo alusión a su vez, a los más de 400 presos políticos que según diversas ONG continúan tras las rejas.

Por su parte la esposa de Leopoldo López,  Lilian Tintori, rechazó que tras 100 días se le niegue el derecho a la defensa a Juan Requesens como corresponde, ya que su abogado Joel García solo ha podido tener contacto con el diputado una sola vez y por 30 minutos. La también activista de Derechos Humanos, señaló que continuarán pidiendo a la comunidad internacional interceda por los 403 presos políticos (según Proyecto Libertad) y por la visita de la representante de los DDHH de la Organización de Naciones Unidad (ONU), Michelle Bachelet para que constate las condiciones de reclusión.
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), OEA y ACNUR anunciaron aumento de 63% en las solicitudes de asilo con respecto a 2017, así lo destacan en el primer informe del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), cuyo objetivo es defender los derechos de los migrantes y refugiados que viven o atraviesan los territorios de Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá, además crearon la Unidad de Coordinación Conjunta OEA-ACNUR para analizar la marcha de esta iniciativa.

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El informe destaca que en los seis países que integran el MIRPS se registraron:

• Un incremento del 63 por ciento de solicitudes de asilo en 2018 (20.504 nuevas solicitudes) respecto a 2017 (12.542);

• 61.000 refugiados y solicitantes de asilo en 2018;

• 70 organizaciones de la sociedad civil asistiendo a los migrantes y refugiados;

• 65 refugios destinados a dar techo y comida a las personas desplazadas;

• 12.000 niñas, niños y adolescentes que regresaron a sus países ubicados en el norte de América Central;

• 73.000 personas con necesidades de protección apoyadas con espacios seguros (enero-junio 2018); y

• 14 organizaciones de la sociedad civil que implementaron proyectos de reducción de la pobreza en la zona norte de América Central.

 

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad (ONU), que realiza el  Examen Periódico Universal (EPU), México reconoció que tiene enormes retos y desafíos para preservar las libertades fundamentales de sus ciudadanos, por lo que se comprometió en mejrarlas condiciones.

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“México enfrenta retos considerables en materia de Derechos Humanos. No venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruíz Cabañas, jefe de la delegación mexicana.

Entre los desafíos que reconocieron está “la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes; la desaparición forzada, las amenazas y violencia contra defensores de los derechos humanos y periodistas; la violencia contra las mujeres; las violaciones a los derechos de las personas migrantes; la discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad”.

Con 189 votos a favor y dos en contra (Estados Unidos e Israel), la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobó que se le ponga fin al embargo de Estados Unidos a Cuba, la votación se efectuó por mayoría simple.

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Asimismo las ocho enmiendas que fueron presentadas por Estados Unidos que pretendía condenar la falta de libertades en la isla no tuvieron el apoyo requerido.  Este miércoles se inició la jornada de presentación por 27º vez ante la Asamblea General de la ONU de la resolución e informe contra el bloqueo. El año pasado fue rechazado por 191 países y solo avalado por Estados Unidos e Israel.

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