Un tribunal español confirmó por mayoría la pena de nueve años de prisión impuesta a cada uno de los cinco jóvenes del grupo La Manada, que habían sido condenados en una polémica sentencia por delito continuado de abuso sexual cometido contra una joven de Madrid en los sanfermines de 2016.

Según el fallo judicial publicado este miércoles 5 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra mantiene que las relaciones sexuales enjuiciadas fueron llevadas a cabo por los procesados sin el libre consentimiento de la mujer, si bien dos de los cinco magistrados discreparon de la resolución al entender que sí hubo agresión sexual (violación).

La Audiencia regional de Navarra (norte) los condenó en primera instancia en abril pasado por abuso sexual, no por violación, lo que generó un fuerte rechazo y una oleada de protestas contra la sentencia, en especial del movimiento feminista, y una gran movilización a favor de la víctima.

Los jueces de la audiencia entendieron que los abusos se produjeron sin el consentimiento de la joven, pero no se usó violencia ni intimidación, condiciones para que la agresión se considere violación.

 

Suscríbete a nuestro canal telegram.me/vpitv o visita nuestro canal en Youtube: VPItv y mantente siempre informado

 

El Tribunal Militar de Maturín dictó la medida de privativa de libertad la noche de este viernes contra el dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, el cual será enviado a la cárcel de Pica en el estado Monagas.

Ante esto el representante de Fetrasalud, Pablo Zambrano, rechazó “categóricamente” tal acción en su cuenta de Twitter y precisó que este acto demuestra el “talante antidemocrático de Nicolás Maduro”.

Por su parte el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) indicó que este juzgamiento por un tribunal militar es “una grave violación de Derechos Humanos y ratifica que la dictadura en su empeño de mantenerse en el poder seguirá acrecentando el número de presos políticos. Rubén es un nuevo preso político de la dictadura”.

Además el partido Primero Justicia se pronunció sobre esta decisión y aseguró que le están “violando su derecho a ser juzgado en tribunales civiles y sin haber cometido ningún delito”.

Tras un año de intensas disputas, este martes, un juzgado de México, dio fin al conflicto entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por su hijo.

Como era de esperarse, el tribunal otorgó la guarda y custodia de Mathias a su madre, la actriz venezolana, sin embargo, estableció un régimen de visitas permanentes para Gil, quien tenía más de 500 días sin poder compartir con su pequeño hijo.

La medida contempla que el también actor deberá dar una manutención del 20% de sus ingresos, esto, por concepto de alimentación especial que debe mantener el pequeño por sus problemas de salud.

Asimismo, podrá disfrutar de su compañía el primer domingo de cada mes entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, siempre acompañado de sus nanas cuidadoras, para vigilar su estado de salud. Gil, estuvo muy contento con el fallo del juzgado y aclaró que “ahora nadie nunca nos podrá separar.

Por su parte, De Sousa, no ha emitido ningún comentario por la decisión.

La demanda interpuesta por la empresa de minería canadiense Crystallex, en contra de Venezuela tras la nacionalización de activos en 2008 por parte de Citgo Petroleum Corporation, fue desestimada por un tribunal de Estados Unidos por considerar que el reclamo no se dirigió a petróleos de Venezuela.

La acción legal buscaba obtener 1.200 millones de dólares más intereses, según datos aportados por agencias de noticias, luego de la expropiación el proyecto aurífero Las Cristinas, en el estado Bolívar. Ante esto, Crystallex  buscaba embargar los activos de Citgo, filial de refinación y comercialización de la petrolera estatal venezolana Pdvsa en EEUU

Sin embargo, la corte norteamericana sentenció que dicho reclamo fue en contra de Venezuela y no en contra de Pdvsa. En los tribunales internacionales los países soberanos y las estatales se consideran entes legales diferentes y sin ninguna vinculación para efectos jurídicos.

 

Adolfo Baduel, denunció el secuestro de su padre, Raúl Isaías Baduel, de quien no conocen su paradero desde el 8 de agosto. “Es preocupante que a una persona la desaparezcan solo por pensar distinto”, señaló en entrevista exclusiva para VPItv.

“Mi familia está preocupada, ya que no conocemos su estado de salud, si se alimenta o si está siendo torturado por funcionarios del estado”, dijó Baduel.

Señaló que acudieron a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Militar y otros organismos y aún siguen sin obtener una respuesta de cualquier ente gubernamental con respecto a dónde se encuentra su padre.

Aseguró que  llevaron el caso a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que los casos de violación de estos últimos hay que denunciarlos.

Andrés Fornerino.- La presidenta de la comisión de Política Interior, diputada Delsa Solórzano, criticó que se pretenda dar privativa de libertad a reporteros por el uso de un dron durante la manifestación convocada por Voluntad Popular a favor de los presos políticos, este 18 de enero.

Solórzano argumentó: “Un dron es un juguete, es absurdo que en un país donde existen más armas que juguetes, el gobierno pretenda privar de libertad a unos ciudadanos”.

A su juicio, no existe argumento legal para sentenciar a los reporteros gráficos.

“Hace minutos me acaban de informar que aparentemente un juez ha renunciado por imponérsele darle privativa de libertad a dos jóvenes que habían manejado un dron durante una actividad de protesta”, aseveró la parlamentaria a la Asamblea Nacional (AN).

Solórzano ofreció estas declaraciones luego de sostener un encuentro con algunos familiares de los presos políticos, acto durante el cual señaló: “Seguiremos impulsando las acciones internacionales de diferentes alianzas que tenemos con los abogados de las víctimas y distintas ONG’S”.

Alguaciles del Palacio de Justicia de Caracas amenazaron con parar operaciones debido a que uno de sus compañeros fue detenido por el Servicio de Inteligencia (Sebin) este sábado 18 de febrero, en el caso de los reporteros gráficos acusados por el presunto uso de un dron.

Este hecho derivo en la renuncia de la jueza Karla Moreno Antonetti, quien llevó el caso, presionada por el Sebin para que les dictara privativa de libertad después de que ella determinó que no habían elementos que los inculparan.

Ante esta situación, los alguaciles podrían ir a paro en tribunales si se concreta la presión de su compañero.

Jueza renuncia por presión del SEBIN para privar de libertad ilegalmente a reporteros gráficos

 

El pasado 18 de febrero, al culminar la movilización promovida por el partido político de Leopoldo López (preso político), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), detuvo a Adreas Díaz, Rumel Ochoa y Eduardo Párraga por presuntamente volar un DRON durante la movilización.

Los detenidos, fueron presentados ayer lunes 20 de febrero ante el Tribunal 39 de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana a cargo de la Juez Karla Moreno, quien se negó a dictar una privativa de libertad contra los imputados, por considerar que no existían elementos de convicción para dicho fallo. La titular del Tribual 39 de Control, fue presionada por agentes del SEBIN para cambiar su decisión. Ante ese escenario, la Juez decidió renunciar a su cargo en plena audiencia.

Quien comparte la información, es la periodista Elyangélica Gonzalez.

Nota de El Ají

 

El juez del Distrito de Nueva York, Paul A. Crotty negó este miércoles todas las mociones in limine solicitadas por la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. El gobierno podrá hacer uso de todas las evidencias colectadas por los informantes, los testigos confidenciales y los agentes de la DEA que participaron en la operación que culminó con la captura de los dos hombres acusados de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, publica la periodista Maibort Petit en su blog.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Las mociones entregadas por los defensores al tribunal pedían que ciertas pruebas no fueran presentadas al jurado durante el juicio. Las llamadas mociones in limine, generalmente, abordan cuestiones que serían perjudiciales que el jurado escuche en la audiencia pública.

Los defensores pueden pedir que algunas evidencias no sean admitidas porque serían más perjudicial que probatoria. Durante la audiencia de este 2 de noviembre, el juez Crotty denegó todas las mociones pedidas por los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas, con lo cual dejó abierto el camino para que el gobierno utilice todos los elementos en su poder para que demuestre más allá de la duda razonable que los acusados cometieron el delito del cual se les acusa.

De no haberse admitido todas las evidencias, el contenido de las mismas no hubiese podido ser mencionado delante del jurado, sin antes acercarse al juez fuera de la audiencia y obtener permiso. La violación de una moción in limine puede dar lugar a que el tribunal declare nulo un juicio.

La defensa pidió en las mociones in limine que el gobierno no haga referencia a los siguientes aspectos:

Riqueza y estilo de vida de la que gozaban los acusados antes de ser apresados, y en especial, sobre los medios legítimos o ilegítimos con los que ambos imputados pagaban dicha riqueza.

-La referencia a las Farc como proveedora de la droga que los acusados estaban negociando en la conspiración.

-Las referencias sobre el uso del dinero de la droga para el pago de la campaña parlamentaria de la madre de Campo Flores, Cilia Flores a una curul de la Asamblea Nacional.

-La imagen y referencia del kilo de polvo blanco (cocaína) que los acusados mostraron como prueba a los informantes en el encuentro del 27 de octubre en Caracas.

Fuente: La Patilla

EFE.- La Corte Suprema de la norteña provincia argentina de Tucumán ordenó hoy poner en libertad a una mujer condenada a 8 años de prisión por un aborto, a la espera de dictar una sentencia sobre la cuestión de fondo.

Fuentes de organismos humanitarios que actúan en el caso de Belén como “amicus curiae” (amigo del tribunal) confirmaron a Efe que la Corte provincial ordenó al tribunal que condenó a la mujer ponerla en libertad hasta tanto el máximo tribunal de Tucumán dicte sentencia definitiva en la causa.