Ante la ola de saqueos con la que inició el 2018 en Venezuela, un grupo de expertos de la Universidad Católica Andrés Bello plantearon soluciones para enfrentar y salir de la crisis económica que atraviesa el país.
“Las primeras dos semanas del año suman indicadores que advierten que la crisis en Venezuela apenas asoma los colmillos”, advierten los especialistas. Por ello recomiendan:
Reforma económica urgente. Habla María Alejandra Paublini, directora de la Escuela de Economía
“El principal reto en materia económica es comprender que los problemas económicos deben estar en el centro del debate político. En este momento comenzamos a experimentar una hiperinflación, la cual es una situación nueva para nosotros. Nos enfrentamos a una pérdida acelerada de nuestro poder adquisitivo, que se traduce en un deterioro de la calidad de vida y pérdida de la confianza en la moneda nacional. Hay que aplicar, lo más rápido posible, una reforma económica profunda que contenga medidas monetarias, fiscales y cambiarias orientadas a combatir la inflación y la escasez. Se debe acabar con la emisión acelerada de dinero, que está dirigida a cubrir el déficit fiscal y que inyecta demasiada liquidez a la economía, produciendo el alza desmesurada de los precios de los bienes y servicios. Se debe unificar el tipo de cambio para evitar distorsiones en la economía. Es indispensable crear confianza en el país y las instituciones y eliminar los controles que solo han servido para profundizar la crisis, sin atacar la raíz del problema. Adicionalmente, es necesario contar con información oficial sobre el presupuesto nacional, inflación, balanza de pagos, producción nacional petrolera y no petrolera, entre otras variables, indispensables para evaluar la situación económica nacional”.
Elecciones limpias y acuerdo de gobernabilidad. Habla Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos
“El principal reto político que enfrentarán los venezolanos en 2018 es devolver al país a un sistema democrático, aprovechando la oportunidad prevista en la Constitución, que establece para este año la realización de elecciones para Presidente de la República. Para ello es imprescindible lograr tres condiciones mínimas para que esa transición sea posible de forma pacífica: 1) Recobrar la credibilidad y la esperanza del país en el liderazgo político democrático. Ese liderazgo debe poder movilizar al país hacia un proceso electoral. Hoy, parte del sector democrático está negado a participar con razones justificadas porque no hay condiciones. Hay que lograr que la gente crea que una salida electoral y una transición es posible. 2) Las condiciones electorales, aunque no sean ideales, deben ser aceptables para poder convencer a la gente de que habrá resultados con un mínimo de confiabilidad. 3) Conseguir garantías para que esos resultados sean respetados y se produzca una transferencia efectiva de poder, en caso de que el ganador de las elecciones sea un sector distinto al gobierno. Si se lograran esas condiciones, es imprescindible que este año se construya un acuerdo de gobernabilidad democrática para ser puesto en práctica en 2019. Ese acuerdo debe comprometer a los diferentes sectores del país a respetar unas reglas del juego donde todos vamos a tener que hacer sacrificios. No es verdad que cada uno va a tener lo que quiere o ‘arrebatar’ porque ganó; eso desestabilizaría todo el proceso de transición. Hay que tener presente la experiencia vivida en Egipto durante la ‘Primavera Árabe’: Allí Los Hermanos Musulmanes ganaron, pero pocos meses después estaban fuera porque manejaron todo sin compromisos y sin acuerdos y terminaron generando una enorme inestabilidad”.
Restaurar el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Habla Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
“El principal reto en materia jurídica es el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Mediante el Estado de Derecho se persigue que tanto el Estado como los ciudadanos se encuentren sometidos por igual a las leyes, las cuales regulan aquellos asuntos que la sociedad no es capaz de resolver por sí misma, y en caso de incumplimiento de ellas, se somete a tribunales independientes, donde incluso cualquier ciudadano pueda demandar al Estado para defender sus derechos y recibir justicia e indemnización por los daños que haya sufrido, sin temor a retaliación alguna. Ese concepto tan básico e indispensable para un país se ha perdido en Venezuela, máxime cuando se ha creado la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que asume funciones por encima del Derecho, sin control alguno ni legitimidad, por no haber sido designado por el pueblo de Venezuela. Por esa razón, el individuo y la sociedad en general se encuentran desprotegidos frente al Estado, el cual actúa sin limitación. Frente a esa situación, la sociedad no debe dejar de exigir su restablecimiento por medio de formas legítimas y constitucionales, por muy duro y difícil que ello sea”.
No olvidar las escuelas ni a los docentes. El llamado de José Francisco Juárez, decano de Humanidades y Educación
“La situación de la educación en Venezuela es alarmante. En estos momentos contamos con suficientes estudios que confirman la necesidad de hacer una revisión profunda del sistema educativo, si queremos una sociedad distinta a la actual. En vista de la complejidad del caso, hay muchos retos que se tienen que atender en simultáneo para favorecer la calidad educativa, entre los cuales se encuentra la formación del docente y su condición salarial; escuelas equipadas y suficientes para la población estudiantil; la revisión y actualización del currículo escolar fundamentado en un consenso nacional y despojado de todo sesgo ideológico; la creación de un observatorio que cuide los procesos relacionados con la calidad educativa del país; la promoción de la descentralización y la prosecución como meta educativa. Además, en este año escolar el reto fundamental debe estar en el acompañamiento a los docentes para que, a pesar de las adversidades, se mantengan firmes y no claudiquen a su compromiso de formar ciudadanos conscientes de la realidad del país y competentes para transformarlo. Dicha tarea no es fácil ya que las políticas emanadas desde el Ministerio no favorecen en absoluto este reto ni están en sintonía con una formación alineada con lo establecido por la Constitución. A pesar de ello, quienes creemos en una sociedad democrática distinta debemos seguir insistiendo en esa dirección”.
