La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) terminó la Reunión de Medio Año celebrada del 13 al 15 de abril en Medellín, Colombia, con sus Conclusiones en las que, entre otros asuntos, condenó la violencia contra periodistas reflejada en el asesinato de 14 miembros de la prensa americana, así como los numerosos actos de represión, acoso digital y amenazas, que también afectan a los medios de comunicación.
Conclusiones de la Reunión de Medio Año de la SIP, Medellín, Colombia:
“El asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, miembros de la redacción de El Comercio de Ecuador, nos presenta la oportunidad de reflexionar profundamente sobre el papel que jugamos en la defensa de las libertades fundamentales de expresión y de prensa.
Desde la pasada Asamblea General en Utah, han sido asesinados 14 periodistas; cuatro mexicanos; tres ecuatorianos, dos brasileños; dos guatemaltecos; un colombiano; un hondureño y un periodista salvadoreño. También hay un periodista haitiano desaparecido. En México 11 periodistas han sido desplazados en el país para prevenir atentados en contra de su vida.
En Cuba, la represión estatal va en aumento. Los ataques ya no solo son contra los periodistas y su integridad física, sino que sus viviendas son allanadas y se les prohíbe la salida de sus ciudades y en ocasiones del país simplemente por ejercer el periodismo.
Honduras y Nicaragua tienen iniciativas legislativas que buscan regular las redes sociales y el internet alegando criterios altruistas como la prevención de la violencia y las noticias falsas.
En Venezuela, durante los últimos seis meses, nueve periódicos dejaron de publicarse por falta de papel y otros insumos. 46 radioemisoras y tres televisoras también dejaron de funcionar por temas económicos en muchos casos agravado por la asfixia gubernamental.
Por su parte en Bolivia, se obliga a los medios de comunicación a difundir de manera gratuita campañas de gobierno. Para algunos medios esto representa hasta el 30% de su espacio publicitario.
En Venezuela, el Poder Judicial ha llegado a no reconocer el derecho al ejercicio del periodismo, y de hecho no castiga a los responsables de actos violentos en contra de medios y periodistas. Los tribunales militares son utilizados para encarcelar civiles, incluso periodistas y reporteros ciudadanos. Estos procesos están plagados de desinformación, abusos, aislamiento y desconocimiento público.
Los intentos de varios gobiernos para censurar la publicación de noticias e impedir la difusión de la verdad son cada vez más fuertes y en esta ocasión incluye denuncias en países como Costa Rica, Perú y Brasil.
La ley de transparencia y acceso a la información han sido flagrantemente violada en Panamá por parte del poder legislativo mientras en Puerto Rico, este mismo órgano del Estado ignora su debate y el judicial impide el acceso de la prensa a los juicios.
En Bolivia, el presidente Morales, ha calificado a los periodistas como “terroristas mediáticos” y ante la promulgación de una ley que sanciona a los medios por publicar contenido editorial que a juicio del gobierno sea racista, las empresas periodísticas optaron por la autocensura eliminando los espacios para comentarios de sus lectores en internet.
Hay una creciente iniciativa de los gobiernos de aprobar leyes de protección de datos o cibercrimen que en muchas ocasiones contienen elementos que atentan contra la libertad de expresión e información y el acceso a datos de interés público. Este es el caso de Jamaica, Haití y Honduras.
En Estados Unidos se mantiene la retórica del presidente Donald Trump en contra de los medios de comunicación que no favorecen su gestión.
Sigue pendiente en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) un proyecto de ley que busca dictar una ley marco de comunicaciones sobre el derecho al libre acceso a la comunicación y establecer mecanismos de control por parte del Estado.”
