Con motivo de la audiencia sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), varios fueron los testimonios que intentaban dar fe de que en el país se han cometido violaciones contra los derechos humanos que califican como crímenes de lesa humanidad.
El otrora fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, cuestionó con acuciosidad si estas denuncias realmente califican como ataques sistemáticos contra la población civil, y explicó que estas audiencias sobre Venezuela en la OEA se seguirán desarrollando en los próximos dos meses.
El actual asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó también que Venezuela forma parte del Sistema Interamericano de DDHH.
De las torturas selectivas a las masivas
La abogada venezolana y defensora de los DDHH, Tamara Suju, dijo por su parte que el gobierno nacional “tiene un grupo de jueces y fiscales para imputar” a quienes consideren una amenaza, y condenó que “la mayoría de los casos de tortura en el país no son investigados”.
“La mayoría de las víctimas de torturas tienen entre 18 y 30 años. Estas torturas se realizaron sin importar edad, sexo ni incapacidad física. La impunidad en estos casos es total, pues están a cargo de funcionarios públicos. Ninguna autoridad las ha admitido ni rechazado”, sentenció.
Durante su intervención Suju afirmó que “las órdenes de torturar provienen de la presidencia”, y consideró que en el gobierno de Hugo Chávez las torturas eran “selectivas”, mientras que ahora con Nicolás Maduro son “masivas”.
“Últimamente me llamó la atención la maldad con la que torturaron a disidentes del gobierno. El primer caso lo recibí por petición de la familia”, declaró, al tiempo que presentó una denuncia con 289 víctimas directas, aunque resaltó que podrían ser más de 500 personas torturadas.
Finalmente Suju ofreció detalles de la denuncia que presentó contra el gobierno venezolano ante la CPI por dichas torturas.
Torturas por decisiones del alto gobierno
El activista político Francisco Márquez relató por su lado la amarga experiencia que vivió al ser detenido por cargar panfletos que decían “Libertad para Leopoldo López”.
“Nos detuvieron a mi compañero Gabriel San Miguel y a mí porque cargábamos esos panfletos y tres millones de bolívares. Después que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) vio eso llamó al Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), quienes procesaron nuestra aprehensión”, contó.
Aseguró que en el Sebin hay “responsables directos de los casos de tortura”, y recordó que presenció varios de ellos, que tenían duraciones de hasta 30 minutos. “Estuve en cuatro cárceles distintas, pero la mayoría de esos cuatro meses los pasé en una mazmorra pútrida. Una vez vi como a un compañero le amarraron una bolsa plástica en la cabeza con insecticida”, sostuvo.
Aseveró que a su familia le dejaron claro que su libertad se produjo “por decisión política del alto gobierno”, y expresó que el director de la cárcel le dijo a su mamá “que tuviera cuidado con lo que decía”.
“El director de la cárcel me dijo ‘asegúrate de hablar mal de mí, porque me irá bien con los de arriba’. Todos sabemos que la única manera de salir libre es por una decisión política, pero, después de que Maduro me nombró, ¿qué juez se iba a atrever a liberarme?”, indicó, al subrayar que pese a tener boleta de excarcelación, no lo liberaban.
Márquez presentó al final de su ponencia un video con testimonios de las víctimas, y familiares de asesinados y perseguidos políticos en Venezuela, haciendo especial énfasis en los casos del alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, y del diputado Gilber Caro.
¿Mandato o miedo?
Para el abogado de inmigración y defensor de los DDHH en Estados Unidos, Julio Henríquez Paz, las violaciones sexuales contra las mujeres son “un patrón” en Venezuela.
“Los jueces actúan por mandato o por miedo. De 11.902 detenciones arbitrarias, 1.258 se convirtieron en presos políticos. El encarcelamiento arbitrario es extraordinariamente masivo”, señaló, al exponer también que en las protestas antigubernamentales hubo “participación de civiles armados”, conocidos en el país como “colectivos”.
Para darle fuerza a su argumento recordó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien a su parecer “marcó un hito en Venezuela en cuanto a violaciones de los DDHH”.
“El caso Afiuni se utilizó para enviar un mensaje a los jueces del país”, afirmó, en referencia a que muchos jueces han dejado de hacer su trabajo por miedo a ser condenados de igual manera.
Desgarrador testimonio
Como representante de las víctimas de la represión y de la violencia en Venezuela habló Johanna Aguirre, esposa de José Alejandro Márquez, asesinado por la GNB en 2014.
“Mi esposo fue asesinado por filmar lo que la GNB hacía en las protesta. A José Alejandro lo golpearon incluso dentro del hospital (Vargas), porque cuando llegué lo encontré amarrado a la camilla en ropa interior”, indicó.
Aguirre denunció que su esposo fue “asesinado a golpes”, y posteriormente su familia se vio obligada a aceptar dos exhumaciones.
“En todo este tiempo no logramos hablar con ninguna autoridad. Quiero que se haga justicia y el nombre de José Alejandro Márquez quede limpio”, concluyó.
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